La rotura de dos diques de contención de la minera Samarco, controlada por la empresa brasileña Vale S.A. y por la anglo-australiana BHP Billiton, barrió el poblado de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, al derramar sobre este 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico.
El ecocidio provocó la muerte de por lo menos 19 personas; los residuos contaminantes se explayaron por todo el río Doce, llegando a la costa del estado de Espírito Santo y comprometiendo ecosistemas enteros, y más de 300 familias perdieron sus casas.
Sin embargo, hasta hoy nadie de la minera fue condenado; una investigación que culminó en el pedido de prisión preventiva de seis funcionarios de Samarco, incluyendo al presidente Ricardo Vescoci, fue suspendida por el Supremo Tribunal de Justicia, y otras en curso tampoco arrojaron aun resultados.
Representantes del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) denunciaron en reiteradas oportunidades a lo largo de estos dos años que el Poder Judicial brasileño actúa ‘de forma completamente parcial en favor de los ricos y de los patrones’.
En el caso del crimen de la Samarco, remarcaron, las decisiones judiciales y los acuerdos hechos en el ámbito de la justicia solo han favorecido especialmente a las mineras Samarco, Vale y BHP Billiton.
Para las víctimas de la tragedia, en cambio, las cosas variaron para peor: las aguas del río mantienen un alto nivel de contaminación con metales pesados; la crisis que afecta a todo Brasil se amplificó en Mariana con la interrupción de las operaciones de Samarco y el programa de reconstrucción de los tres distritos devastados todavía está en el papel.
Según la Fundación Renueva, creada por Samarco para asumir la reparación de los daños causados por la tragedia de Mariana, las obras para rehacer las comarcas de Bento Rodrigues, Paracatu y Gesteira comenzarán solo en 2018 y deberán concluir un año después.
De otro lado, el cese de las labores de la minera no solo disparó el desempleo, que afecta a más de un 20 por ciento de la población de la zona, sino que provocó también la caída de otros rubros como el comercio y el turismo, en este último caso sustentado fundamentalmente en los viajes de negocios.
Otro de los grandes problemas causados por el desastre a la municipalidad fue la caída en la recaudación por concepto de la Compensación Financiera por la Explotación de Recursos Minerales (CFEM), pues no solo Samarco suspendió sus actividades, sino que Vale también las redujo en alrededor del 60 por ciento.
En consecuencia, mientras en 2013 la CFEM permitió recaudar ingresos por unos 6,5 millones de reales mensuales (poco más de dos millones de dólares), en el primer semestre de 2016 ingresaron a las arcas de la municipalidad apenas 800 mil reales (unos 250 mil dólares) por mes.
mem/mpm
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