El Eximbank de China y la empresa constructora china Sinohydro Corporation Limited incurrieron en “omisiones y deficiencias” en el financiamiento y la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), en Ecuador, de acuerdo con un informe de la organización Latinoamérica Sustentable. Esta es la mayor obra de generación eléctrica del país y corre el riesgo de dejar de funcionar debido a estas fallas.

El informe, titulado Coca Codo Sinclair: Lecciones urgentes de un proyecto que regresaría a manos chinas, fue elaborado por las investigadoras Diana Castro y Julie Radomski.

“Tendemos a enfocarnos en la responsabilidad del Estado, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen los actores corporativos tanto en la fase de planificación, construcción, así como en los problemas operativos del proyecto?”, dice Diana Castro, coautora del documento, sobre la pregunta que motivó la investigación.

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Según el documento, Coca Codo Sinclair es la primera y más grande hidroeléctrica construida por China en América Latina. Además, la central fue diseñada para funcionar por 50 años y aporta entre el 20 % y el 30 % de la electricidad que consume el país.

El informe señala que, mientras el Eximbank no implementó procesos de debida diligencia ni mecanismos efectivos de control durante el financiamiento, el contratista ejecutó la obra sin incorporar estándares adecuados de calidad y gestión de riesgos. Se priorizó la rapidez de la ejecución.

La erosión regresiva del río Coca, que expertos debaten si fue causada o acelerada por el impacto de la hidroeléctrica, y miles de fisuras detectadas en la casa de máquinas amenazan el funcionamiento de la central. Lo último llevó a que Ecuador elevara el conflicto a un arbitraje internacional.

Pese a estos riesgos y controversias, en abril de 2026, casi una década después de su entrada en operación, la obra fue oficialmente recibida por el Estado ecuatoriano. Actualmente se encuentra en la antesala de una posible concesión de operación y mantenimiento a PowerChina International, empresa matriz de Sinohydro.

Castro advierte que el caso ecuatoriano funciona como un espejo de lo que podría ocurrir en otras obras financiadas y construidas por estos actores chinos en la región.

“Es súper importante generar ese tipo de información desde la sociedad civil porque vivimos un momento complejo en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública”, valora Carolina Viola, coordinadora del Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Ecuador.

Agrega que los datos del informe permiten superar el argumento de que las decisiones sobre estos proyectos son meramente técnicas, cuando en realidad son decisiones políticas que determinan cuánto deberán pagar los ciudadanos por ellas.

Rediseñaron el proyecto en tiempo récord

En las faldas del volcán activo El Reventador, entre los Andes y la Amazonía, está la cuenca alta del río Napo. En ese punto de gran pendiente, investigadores identificaron al menos desde la década de 1970 un gran potencial de generación energética, reseña el informe.

Entre 1986 y 1992, el entonces Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaboró estudios de factibilidad y diseñó el proyectó con una capacidad de 859 megavatios.

El gobierno de Rafael Correa retomó la obra en 2007. Cuando se aprobó el financiamiento en 2010, el Eximbank ya contaba con herramientas institucionales para identificar y gestionar riesgos geológicos, ambientales y sociales, reforzadas por directrices no obligatorias del gobierno chino, pero no existe evidencia de que las haya aplicado, de acuerdo con el informe.

Los estudios de factibilidad del INECEL fueron rediseñados en un “período muy reducido”, de acuerdo con Radomski. La licitación a Sinohydro se realizó antes de terminar los estudios y antes de aprobar formalmente la ampliación de capacidad, que subió a 1500 megavatios, casi el doble de lo recomendado previamente.

Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se basó en el trabajo del INECEL de décadas atrás y en datos ambientales del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), pero no se incorporó información actualizada sobre caudales ecológicos o la sedimentología de los ríos, según recabó Radomski.

Representantes del BID dijeron a la investigadora que actualizar los estudios habría tomado alrededor de dos años adicionales. “De acuerdo con estos testimonios, la administración de Correa no estaba de acuerdo con esperar dos años antes de iniciar el proyecto”, dice Radomski. El costo fue que la construcción no se ajustara a las mejores prácticas internacionales.

Las autoras también corresponsabilizan al Eximbank. “Si se lo compara con otros bancos de créditos a la exportación, está por detrás en temas de salvaguardas”, afirma Castro.

Riesgos y efectos de la erosión

En el informe, las autoras subrayan que se subestimaron los riesgos geológicos, ambientales, climáticos e institucionales. En 1987 un terremoto destruyó la zona. Viola cuenta que el National State Council de Estados Unidos y la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador encontraron que el evento fue catastrófico porque los suelos están constituidos por acumulación histórica de ceniza de erupciones de El Reventador, por lo que a falta de roca en una zona de pendiente, la capacidad destructiva fue mayor.

Durante la fase de diseño inicial, Sinohydro avanzó sin actualizar estudios técnicos clave ni incorporar información ya disponible sobre la complejidad geodinámica de la zona, que incluía riesgos asociados a la actividad de El Reventador, los caudales del río, la alta carga de sedimentos y el riesgo erosivo.

Uno de los hechos fundamentales que, según las autoras, comprometieron su funcionamiento a largo plazo fue la eliminación de compuertas para gestionar los sedimentos en una cuenca “con una de las geodinámicas más complejas de la región”.

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El informe señala que es posible que la retención de sedimentos haya provocado la erosión regresiva del río Coca, que está a unos tres kilómetros de las obras de captación y continúa avanzando. Esto podría dejar al proyecto fuera de funcionamiento y “es el riesgo más grave” de la cadena de omisiones sistemáticas, de acuerdo con Radomski.

El desgranamiento del cañón del Coca ha causado desde 2020 roturas de los oleoductos, con derrames de hidrocarburos de gran magnitud e impacto socioambiental, y desplazamiento de las comunidades locales por la pérdida de tierras y de sus hogares.

Para Castro, este desfase entre las políticas declaradas del Eximbank y su aplicación en territorio representaron una brecha de implementación. Esto es importante porque, asegura, esta es la mayor agencia de crédito a la exportación del mundo y la que más financia hidroeléctricas y megainfraestructuras de conectividad. “No vemos mejora significativa de sus estándares en territorio, aunque ha disminuido su financiamiento en la región”, resalta.

Radomski planteó que el Eximbank debe establecer, como mínimo, un mecanismo independiente de rendición de cuentas accesible a comunidades afectadas, que hasta ahora no existe. Sin embargo, la responsabilidad jurídica de los impactos sociales recae solo en el gobierno ecuatoriano, de acuerdo con Viola.

Graves defectos estructurales

El financiamiento del proyecto estuvo condicionado a la participación de una empresa china como constructora, lo que significa que el dinero aportado por el banco chino regresaría al país asiático, cuenta Viola. Los bancos de política chinos, como el Eximbank, buscan promover la internacionalización de las empresas de ese país, explica Radomski. Esto implicó que el proceso de licitación no fuera abierto ni competitivo.

Radomski situó este préstamo dentro de una serie más amplia de créditos otorgados por el Eximbank y el Banco de Desarrollo de China a Ecuador entre 2010 y 2014, en un contexto en que el país carecía de otras opciones de financiamiento.

El informe documenta que el Eximbak no solo mantuvo un crédito de alto riesgo sin las evaluaciones actualizadas del impacto ambiental, sino que tampoco se realizaron las consultas públicas necesarias ni se aplicaron cláusulas ambientales y sociales que condicionaran los desembolsos al cumplimiento de estándares técnicos.

Castro detalló que, ante una consulta de organizaciones sociales en 2016 sobre la supervisión del proyecto, el banco respondió que “llevaba a cabo una evaluación integral y rigurosa del impacto ambiental y social de los proyectos”. No obstante, dice, no hay evidencia de que haya investigado en territorio los accidentes laborales fatales de 2014 ni las fisuras detectadas posteriormente en los distribuidores. Los desembolsos nunca se detuvieron, según la investigadora.

Este sería uno de los defectos estructurales más graves del proyecto, ya que afecta procesos fundamentales de la generación de energía. De acuerdo con informes técnicos citados en la investigación, el problema se originó en negligencias en la fabricación y control de calidad por parte de Sinohydro y la subcontratista Harbin Electric.

Las primeras grietas se identificaron en 2014 y para 2022 se contabilizaron 17 661 fisuras. A pesar de múltiples intentos de reparación, no hubo soluciones. En 2021, Ecuador elevó el conflicto a un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional. El país también se negó a recibir oficialmente la obra desde 2016, cuando entró en funcionamiento, hasta que en abril de 2026 Ecuador renunció al arbitraje y recibió la obra.

Negociaciones a puerta cerrada

PowerChina y el gobierno de Daniel Noboa firmaron un acuerdo que terminó “amistosamente” el arbitraje y a cambio se negocia una concesión por 25 años para que la empresa se encargue de la operación y mantenimiento de la central. “Le quitamos la responsabilidad a Sinohydro para concesionar a la misma empresa que ya no tiene responsabilidad jurídica sobre el proyecto. Ahora la responsabilidad está en el Estado ecuatoriano”, señala Castro.

Así, Ecuador renunció a futuras reclamaciones pese a que las fallas constructivas no fueron solucionadas, afirman las investigadoras. De acuerdo con Castro, las autoridades ecuatorianas han asegurado que PowerChina se hará cargo de los problemas estructurales de los distribuidores, pero no se tiene información sobre si asumirá los riesgos climáticos y geológicos de la cuenca hídrica, la mayor amenaza para la central.

Esta sería la primera vez que la operación de un gran proyecto de generación eléctrica se concesiona a una empresa internacional en Ecuador, dice Castro. La Constitución establece que el Estado es el operador y propietario de los proyectos de generación eléctrica, aunque también contempla la posibilidad de concesión o privatización en situaciones excepcionales. Por lo tanto, la concesión implicaría superar ese nudo jurídico.

El presidente Noboa anunció que viajará a Beijing en agosto y Castro presume que la visita tendrá el objetivo de firmar el contrato de concesión. Sin embargo, resalta, se están cometiendo los mismos errores del pasado: las negociaciones se realizan a puerta cerrada, sin acceso a la información pública ni participación de la sociedad civil, academia o sector técnico.

Las investigadoras consideran que PowerChina es corresponsable de los problemas del proyecto, por lo que debería asumir parte de los costos económicos derivados, aunque saben que es poco probable que eso ocurra.

Mongabay Latam pidió descargos a PowerChina, Sinohydro y el Ministerio de Energía y Minas, pero no recibió respuesta de ninguna de las tres entidades hasta el cierre de esta nota. También se comunicó con la Embajada de China en Quito, pero no obtuvo respuesta al pedido de la versión oficial sobre el estado en que la empresa china deja la obra y asume la concesión de operación. Tampoco sobre los controles que debió realizar el banco oficial. Además, se consultó a la Oficina Comercial de China en Ecuador y declinaron responder, pero oficiaron como puente con el banco y las compañías. Sin embargo, sus respuestas no llegaron al cierre de esta nota.

Según el estudio, el patrón de omisiones y deficiencias se replicaría en otros proyectos hidroeléctricos financiados y construidos por entidades chinas en la región. Castro cita las represas en el río Santa Cruz, Argentina, en construcción en pausas por falta de estudios actualizados de caudales; el proyecto Ivirizu, de Sinohydro en Bolivia, ya construido pero sin operar por fallas estructurales y errores de cálculo; y la represa Rucalhue, en Chile, que avanza sobre el río Biobío pese al rechazo de comunidades locales y restricciones normativas previas.

Foto: cortesía Julie Radomski/Latinoamérica Sustentable

Fuente: Mongabay Latam