Tras varios años de discusión, desde el 1 de enero del 2024 comenzó a regir en Chile un nuevo royalty minero con el que se recaudarán US$1.350 millones anuales —0,45% de su PBI— provenientes de las grandes empresas.

Con ello, aprovechando un nuevo superciclo de precios de metales como el cobre, que a raíz de la pandemia rompió y se mantiene en el umbral de los US$3,80 por libra —sabiendo llegar incluso a US$4,70—, el Gobierno de Gabriel Boric entabló consensos con el Senado para ejecutar esta reforma a fin de lograr el cierre de brechas sociales.

Por ejemplo, se destinarán de los nuevos ingresos US$450 millones para los Gobiernos regionales y municipalidades para atender a las comunas más vulnerables. “Fuimos capaces de generar acuerdos y soluciones innovadoras que dejaron satisfechos a todos los sectores involucrados”, dijo en un comunicado el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El impuesto trae un componente ad valorem y uno sujeto al margen operativo de entre 8% y 26% para las firmas mineras que produzcan más de 50.000 toneladas de cobre, y fija una tasa impositiva máxima efectiva del 46,5%: es decir, este es su techo. Para aquellas que en los últimos 6 años tengan un promedio menor a 80.000 toneladas, será de 45,5%. Quedan exentas la pequeña minería (menos de 12.000 toneladas), y la mediana (menos de 50.000 toneladas) solo aportará progresivamente entre 0,4% y 4,4%.

Perú aún está a tiempo (pero parece imposible)

En el año del bicentenario, Pedro Francke lideró el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y acorde al mantra de “no más pobres en un país rico”, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, esbozó una reforma para captar más ingresos aprovechando el boom de los minerales.

Se esperaban recaudar S/12.000 millones adicionales al año contemplando no solo a la minería, sino también al IGV e Impuesto a la Renta.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que subir la carga impositiva en la minería no les iba a restar competitividad a las empresas; no obstante, el Congreso no concedió todas las facultades y tanto Castillo como la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, guardaron silencio y dejaron a Francke solo.

“Hay un gran tema de falta de voluntad política desde el Gobierno. Con el mensaje de (Alberto) Otárola en la CADE muestran claramente que hay una estrecha alianza del Gobierno con los grandes grupos económicos”, reflexiona Francke para La República.

El economista Epifanio Baca añade que el abandono de los ideales cometido por Castillo significó la pérdida de una gran oportunidad para aproximarnos a lo que se desea de la actividad minera: que tenga una justa tributación.

“Es imposible ahora pensar en una cosa así (reforma) por la correlación política del Congreso y los sectores conservadores del Ejecutivo. En 2021 se registraron las tasas más altas de recaudación tributaria y pudo haber sido mejor”, puntualizó.

Un deber sagrado

La Constitución señala en su artículo 66 que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento.

Aquí, Francke señala que las condiciones aún son propicias para subir la tasa —actualmente en 30%— porque las compañías, desde sus proyectos de inversión, contemplaban márgenes de ganancia mucho más bajos, pero ahora vemos al cobre cerca de los US$3,90 la libra y el oro a US$2.000 la onza. Es evidente la indiferencia empresarial minera y la ausencia de iniciativas en los Gremios representativos del sector minero Peruano. Ya Chile y Colombia han reajustado sus tasas al alza. Hay espacio”, concluye.

La palabra

Pedro Francke, exministro de Economía y Finanzas

“El cobre está por US$3,90 y el oro en US$2.000. Los proyectos que se hicieron consideraban precios más bajos y tienen ahora una ganancia muy grande. Se requiere captar más ingresos”.

Cifras

• US$450 millones de lo captado irán a Gobiernos subnacionales chilenos.
• 29,5% es el Impuesto a la Renta a la minería en el Perú.
• S/12.000 millones se esperaba captar con la reforma trunca de Francke en el MEF.