Una guerra antidrogas que impone terror y beneficia a Mineras…???

En la violencia ligada al narco se encubre la ejercida contra opositores a actividades mineras.
En la violencia ligada al narco se encubre la ejercida contra opositores a actividades mineras.

Zacatecas, Zac., La violencia de la “guerra contra las drogas” es un instrumento de los poderes fácticos, operado al servicio de las mineras en México, aseguró la Red Mexicana de Afectados contra la Minería (REMA), en un comunicado.

La organización no gubernamental advirtió que las compañías mineras nacionales y trasnacionales “se benefician una y otra vez del régimen de terror impuesto por la guerra antidrogas”.

En este contexto, la REMA (que cita a la investigadora Dawn Marie Paley) denunció que “los proyectos mineros han sido de los espacios más conflictivos de la expansión capitalista en México, y la mayor parte de la producción de oro y plata en el país se da en los estados con las tasas más altas de violencia, como Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Durango y Sonora”.

La ONG ejemplifica que en Sonora, el ejido El Bajío, resiste al proyecto minero de la empresa Penmont, donde la comunidad ha sido hostigada y agredida de la misma manera por grupos armados y autoridades estatales.

José de Jesús Robledo Cruz, ex presidente ejidal, denunció en 2016 a Rafael Pavlovich (tío de la gobernadora priísta, Claudia Pavlovich), por intromisión ilegal al ejido.

Un año después “hombres armados e identificados con chalecos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo detuvieron afuera de su casa y desde entonces, la comunidad no supo de él”. Cuatro años después, Cruz reapareció, dijo que tuvo que huir a Estados Unidos en busca de asilo político, pues temía por su vida.

Sin embargo, el 30 de abril, los cuerpos de José de Jesús Robledo Cruz y su esposa, María de Jesús Gómez Vega, fueron hallados con signos de tortura en un predio del municipio de Puerto Peñasco.

Encima de los cadáveres había un cartón con los nombres de 13 ejidatarios de la comunidad, lo que se entendió como una advertencia.

En 2018, indicó la REMA, los ejidatarios denunciaron el asesinato de su compañero Raúl Ibarra de la Paz, y hasta hoy su cuerpo y el de su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, no han sido encontrados.

“Según el discurso oficial, en esta zona se disputan rutas de narcotráfico, que sin duda existen, pero no mencionan otros intereses en juego, tales como el saqueo de recursos naturales y la violencia que se ejerce en contra de quienes los defienden”.

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