Se considera llegar hasta la Corte Constitucional. Empresas, preocupadas por vulnerabilidad jurídica.
“Respetamos la independencia judicial (…). Esto no quiere decir que compartamos la sentencia y que nos vayamos a quedar impávidos ante los errores que se ha cometido en las dos sentencias sobre Río Blanco”. Así resumió Henry Troya, viceministro de Minería, la posición del Gobierno ante la confirmación del 4 de agosto pasado en la corte provincial de Azuay, sobre la sentencia de primera instancia que, bajo la premisa de que se vulneró el derecho a la consulta previa a las comunidades aledañas, suspendió todas las actividades en el proyecto minero Río Blanco.
El principal error, según el punto de vista oficial, es que en la sentencia de la apelación se confunde consulta previa con consulta ambiental y, a su vez, estas dos son confundidas con la consulta popular del 4 de febrero de 2018.
La Consulta previa libre e informada es un derecho consagrado en el convenio 169 de la OIT, ratificado por Ecuador en 1998, pero para que aplique, según los requisitos establecidos por la Corte Interamericana, debe comprobarse que en los territorios aledaños al proyecto están asentados pueblos indígenas con propiedad ancestral de la tierra.
Sin embargo, según Troya, durante el juicio se presentaron todas las pruebas, basadas incluso en el último censo, donde se verifica que el 93% de los pobladores son mestizos y que los terrenos fueron comprados de forma individual a lo largo de algunos años.
Por lo cual, no aplicaba la consulta previa sino una consulta ambiental. “Hemos hecho mesas de diálogo con actores políticos y pobladores. La consulta ambiental, en la que se explica los impactos y el plan de control de posibles contaminaciones, se impartió seis veces en el sector”, contó.
Finalmente, el otro error importante es que en la sentencia, la corte provincial dijo que el pueblo ya fue consultado el 4 de febrero de 2018 con la pregunta 5 del referéndum sobre la prohibición de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Pero Troya advirtió que el proyecto minero Río Blanco está asentado en un bosque protector, donde el Código Orgánico del Ambiente sí permite actividad industrial.
Acciones a seguir
Por estos motivos, en las próximas semanas, el Gobierno con el apoyo de instancias como la Procuraduría, pondrán en marcha recursos legales horizontales, como aclaración o ampliación de la sentencia, y verticales como un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional.
Además, ya están presentados, ante los juzgados correspondientes, las denuncias penales sobre los desmanes ocurridos durante abril y mayo, que incluyen la toma violenta del campamento base del proyecto y la quema de las instalaciones, lo que habría provocado la pérdida de 500.000 dólares de inversión extranjera.
Criterios
Con todas estas medidas está de acuerdo Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería de Ecuador y, además, añadió que el objetivo es que se respete la Ley y no se estigmatice la actividad minera.
EL DATO
En los últimos dos años se han otorgado 235 concesiones mineras, con inversiones por 1.400 millones. De eso se espera que 5 proyectos lleguen a producción en 15 años.“El sector es uno de los más regulados del país. Solo para iniciar el proceso de exploración se deben sacar entre 35 y 40 permisos y licencias. Está bien que se castiguen los incumplimientos, pero dentro de la Ley”, acotó.
También recordó que la minería es una actividad de largo plazo y que implica más de 12 años de inversiones antes de poder comenzar a producir y exportar minerales. “Ecuador queda en entredicho con sentencias como las de Río Blanco”, aseveró.
Troya, por su parte, recordó que la meta es luchar contra la minería ilegal, a la que acusa de estar detrás de los desmanes en el proyecto. “Río Blanco no es minería a gran escala. La condición geológica del proyecto es que el yacimiento es superficial. Este es un campo expedito para la minería ilegal, por lo que se busca es que nos vayamos para ahí sí contaminar y destruir el entorno”, concluyó. (JS)
Proyección
° Hasta 2021, se proyecta inversiones por 4.500 millones de dólares y exportaciones por 3.700 millones de dólares. Además de 1.300 millones de dólares en regalías al Estado.
Fuente; La Hora
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