El presidente del gremio minero, Santiago Ángel Urdinola, recalca que la inseguridad jurídica es el principal problema del sector.
Los contradictores de la operación minera encontraron que, a través de las cortes, vía tutela, pueden poner en marcha un mecanismo de intervención, evitando los caminos ordinarios como la reglamentación o el licenciamiento ambiental para el desarrollo de un proyecto de extracción
La afirmación es de Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien en diálogo con Portafolio, precisó que la citada herramienta constitucional sirve a intereses para cambiar el curso de cualquier acción.
Reitera que solo basta con ver los casos de Santurbán, Cerro Matoso, o las consultas populares, como fueron las de Cajamarca y Pijao, para establecer que este mecanismo ha cambiado el ordenamiento jurídico, no solo de la industria minera.
Ángel Urdinola insiste que con el fallo de la Corte Constitucional sobre Cerro Matoso, se confirma la suplantación total de cualquier autoridad ambiental.
Como vocero del gremio estimó un panorama alentador para la operación en el 2018, pero en lo corrido del año se ha presentado un rezago.
El panorama de la operación tiene dos lecturas: la producción y los precios, y el entorno. La inversión mantiene el ritmo que viene del 2017 a pesar de ser un año electoral. El optimismo sigue intacto en cuanto a producción y los precios. Sin embargo, el entorno es negativo. Los grandes proyectos siguen esperando.
En metales preciosos como el oro, la apuesta es de mantener los dos dígitos. Y seguir aumentado la producción de carbón. El sector minero mantiene el 35% de las exportaciones del país. No hay preocupación por las ventas al mercado internacional siempre y cuando los precios sean los que marquen la tendencia.
Continúan apareciendo fallos de Altas Cortes, como la Constitucional, que están afectando la operación, ahí están los casos de El Cerrejón y Cerro Matoso.
La inseguridad jurídica sigue siendo el plato principal de esta industria. El vacío normativo dejó muy mal parada la operación minera del país en la Encuesta Fraser. Y un resultado similar se presentará en el estudio independiente del Banco Mundial. Colombia necesita resolver estructuralmente este tema con las Altas Cortes.
Desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son las observaciones con respecto al fallo de Cerro Matoso?
Hay una suplantación total de la autoridad ambiental. Se desconoce su legitimidad legal. Por vía tutela se decide el tema ambiental de un proyecto minero en Colombia. También se utiliza este mecanismo como fuente para indemnizar, algo que nunca había pasado. Y se está condenando, sin hechos contundentes o demostrables, solo con “presuntos o presumibles” la operación ambiental de una compañía minera. Además, se desconocen principios jurídicos de acciones del Estado en cuanto a la consulta previa, ya que se le da un nuevo alcance.
¿Cuáles son las acciones legales a las que apelará el gremio para evitar situaciones similares a futuro?
Estamos evaluando las acciones jurídicas a tomar. Es un tema que estamos revisando. No hay conclusiones. Pero es una situación que ha llamado la atención del gremio. No solo por los efectos para la empresa Cerro Matoso, sino además por el precedente para la operación minera en general. No hay un solo inversionista que no haya preguntado por esta sentencia.
Con el caso de la sentencia de Cerro Matoso, ¿cuál es la percepción de los inversionistas sobre la operación minera del país?
El mensaje que se está enviando es de un vacío normativo para desarrollar la operación en Colombia. La industria minera en Latinoamérica está siendo asediada por los temas de las comunidades. Pero Colombia es único en el tema de la inseguridad jurídica. Es decir, los jueces interviniendo en la actividad. Y eso no se ha visto en la región. Es la intromisión de las altas cortes en competencias de otros organismos del Estado. Prácticamente coadministrando la industria minera del país. Aquí, lo que se afecta es una operación que lleva 35 años.
Este caso, ¿cómo puede afectar la llegada de nuevas empresas mineras que quieran abrir operación en el país?
La empresa minera que está abriendo operación está adolorida por los precios de titulación, y por las consultas populares, entre otros temas. En el caso de Cerro Matoso, se le colocó retrovisor al tema sostenible.
La sentencia afirma que el Plan de Manejo Ambiental que desarrolla el complejo minero no es compatible con los estándares actuales, pero lo que no toma en cuenta el Alto Tribunal que dictó el fallo, es que este plan es actualizado con regularidad, y los magistrados consideran que este manejo, desde hace 35 años, no sirve.
¿Cómo la afecta?
Esto puede afectar seriamente la producción y la misma operación de aquellas compañías mineras que llevan muchos con presencia en Colombia. Los inversionistas pueden concluir que si esto le sucedió a Cerro Matoso, que lleva con un proceso de extracción de más de tres décadas, no genera confianza porque más adelante les puede suceder un evento similar.
¿La tutela ha cambiado las reglas de juego de la operación minera del país?
Los contradictores de la operación minera encontraron que a través de las Altas Cortes, vía tutela, pueden poner en marcha un mecanismo de intervención, evitando las vías ordinarias como la reglamentación o el licenciamiento ambiental.
La tutela para cambiar el curso de cualquier acción. Solo basta con ver los casos del páramo de Santurbán, el mismo Cerro Matoso y las acciones en su contra por las comunidades, o las consultas populares, como fueron las de Cajamarca y Pijao. Esta herramienta jurídica ha cambiado el ordenamiento jurídico, no solo de la industria minera.
¿Cuál es la causa para que hoy la operación minera este caminando sobre vacíos jurídicos?
Exceso de intromisión judicial. La inseguridad jurídica viene de los fallos de la Corte Constitucional. Este Alto tribunal tendrá su propia visión sobre el tema de la operación minera. Los escucharemos en el próximo Congreso de Minería.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
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