El cobre en el Perú: ganancias terminan en accionistas con sedes offshore

El equipo móvil  o la computadora donde lees este reportaje está hecho con circuitos de cobre. El cableado eléctrico que se extiende tras las paredes de tu casa, el sistema de calefacción y aire acondicionado, los motores de vehículos, aviones, barcos y trenes también se fabrican con este material. Sus aleaciones sirven para cartuchos de municiones, productos de ferretería, estuches para lápiz labial, implementos clínicos y más. El Perú es el segundo productor de cobre y atiende el 11% de la demanda global, solo después de Chile.

En la región es habitual encontrar 1% del mineral por cada tonelada de corteza removida, explica Israel Chahua Jara, jefe del equipo de minería del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Un automóvil, por ejemplo, utiliza 24 kilos de cobre en sus componentes mecánicos y eléctricos. Para obtener esa cantidad hace falta remover un mínimo de 2.400 toneladas de tierra y rocas, que serán molidas y rociadas con una solución de ácido sulfúrico hasta convertir el 99% restante en desechos mezclados con líquidos tóxicos, denominados ripios o relaves mineros.

En 2020, las restricciones derivadas por la pandemia redujeron la producción de cobre en Perú en un 12,5%, y aún así se removieron un total de 214 millones de toneladas de tierras y rocas para extraer 245 mil kilos de cobre por hora, valorizados en US$ 2,2 millones en el mercado internacional. Si el metal fuera líquido sería como ver 19 camiones cisternas saliendo de las empresas mineras cada mes.

UN AUTO UTILIZA 24 KILOS DE COBRE EN SUS COMPONENTES. PARA ELLO HACE FALTA REMOVER 2.400 TONELADAS DE TIERRA Y ROCAS.

La crisis sanitaria no afectó el incremento sostenido de su cotización en la Bolsa de Metales de Londres (LME), por el contrario, este metal es ahora visto por expertos financieros y gremios empresariales como el motor de la reactivación económica que necesita el país. El año pasado el Perú extrajo 2,1 millones de toneladas de cobre, principalmente de diez regiones andinas.

La ruta del cobre se inicia en ciudades del sur del país como Arequipa, Moquegua y Tacna; del centro, Apurímac, Pasco, Junín, Ica; y del norte, en Cajamarca. En varias de estas localidades se presentan conflictos vinculados a la compensación por el uso del territorio y las fuentes de agua, y algunas sus comunidades han debido ser reubicadas para dar paso a la actividad minera.

Pero las millonarias regalías que deja esta inversión  no se ha traducido necesariamente en una mejor calidad de vida para sus habitantes. Los distritos donde se ubican estos yacimientos registran niveles desiguales de pobreza monetaria, algunas con mayor acceso a recursos para gastos de consumo, pero muy bajos porcentajes en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el programa de las Naciones Unidas PNUD para medir los años de escolaridad, esperanza de vida e ingresos.

El 64% del cobre que sale de sus territorios, es decir dos de cada tres toneladas, cruza el continente y termina en China, principal comprador mundial de este mineral, pues lo necesita para fabricar equipos tecnológicos y cubrir los sectores de construcción y manufactura. Cada año el Perú exporta unos US$ 12 mil millones de este metal, y el 96,4% de la producción se concentra en multinacionales de China, Canadá, Estados Unidos, México, Luxemburgo y Sudáfrica que han extendido sus sucursales en el país.

 

Integran esta lista Compañía Minera Antapaccay S.A., subsidiaria de la gigante suiza Glencore y que no transparenta el detalle de sus estados financieros, socios ni ingresos obtenidos; Minera Las Bambas S.A. que responde a un conglomerado de empresas chinas y tiene como accionista mayoritario a China Minmetals Corporation (CMC); y Sociedad Minera El Brocal, subsidiaria de la peruana Compañía de Minas Buenaventura que pertenece al empresario Roque Benavides. Él, además, es vicepresidente de directorio en El Brocal.

Le siguen Minera Antamina, Southern Peru Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Chinalco Perú, Nexa Resources Perú, Hudbay Perú y Gold Fields La Cima, vinculadas con empresas registradas en territorios considerados de baja o nula tributación, y que son conocidos como paraísos fiscales por sus cobros de impuestos reducidos u opacidad societaria. Incluso, algunas trasladan sus ganancias y dividendos a accionistas constituidos en estos lugares.

 

Delaware: Southern y Cerro Verde

Delaware es una ciudad costera en Estados Unidos que tiene 973 mil habitantes, pero más de 1,3 millones de compañías registradas. Su opacidad financiera y facilidad para acoger compañías sin que estas deban realizar operaciones o instalar oficinas reales en su territorio, ha hecho que organizaciones que luchan contra la elusión, como Tax Justice Network (TJN), la identifiquen como uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

Esta localidad es el punto en común de dos de las principales mineras de cobre: Southern Perú Cooper Corporation, que tiene como matriz final al Grupo México y es dirigida por el millonario Carlos Slim; y Sociedad Minera Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport McMoran (53,56%); la japonesa Sumitomo Metal Mining (21%) y la peruana Minas Buenaventura (19,58%). Los registros de Delaware ubican en su jurisdicción a las accionistas mayoritarias de sus sucursales peruanas.

La primera de estas es Southern Copper Corporation (SCC), dueña del 96,67% de la mina de cobre que opera en las regiones de Moquegua y Tacna, y que está constituida en Orange Street 1209, Wilmington, un inmueble de dos pisos con paredes de ladrillos rojos que funciona como sede de Corporation Trust Company.

Esta firma actúa como agente registrado o intermediario para recibir documentación a nombre de la compañía, acorde a lo dispuesto por las leyes de Delaware. Además, pertenece al grupo Wolters Kluwer, con sede en Países Bajos, y que ofrece soluciones de software y “servicios en el rubro de impuestos y contabilidad, gobernanza, riesgo y compliance, y regulaciones legales”.

 

SOUTHERN. La minera que opera dos yacimientos de cobre en Perú tiene como accionista mayoritario a Southern Copper Corporation (SCC), registrada en Delaware.

Video: Google Earth

 

A una hora de distancia en auto se encuentra otra empresa que opera como agente registrado. Su nombre es Registered Agent Solutions Inc, se ubica en Loockerman Street Suite 311, en Dover, Delaware, y sirve como sede de Cyprus Climax Metals Company, dueña del 53,56% de acciones en Minera Cerro Verde. El agente intermediario pertenece al grupo Lexitas Legal que brinda asesoría jurídica a bufetes de abogados y empresas de seguros en Estados Unidos.

Al tener participación accionarial, tanto Southern Copper Corporation (SCC) como Cyprus Climax Metals Company se convierten en receptores de los dividendos que destinan las mineras como parte de sus excedentes o utilidades anuales. Por ejemplo, en 2020, los estados financieros auditados de Southern Perú Copper muestran que la empresa facturó ingresos por US$ 3.154 millones y, luego del pago de impuestos, obligaciones, gastos y costos, se distribuyó ganancias por US$ 760,9 millones.

Su reporte económico detalla que la mayor parte del monto (US$ 674,1 millones) se envió como remesa a su casa matriz Southern Copper Corporation (SCC), aquella registrada en Delaware; y lo restante (US$86,8 millones) se destinó “a los poseedores de acciones de inversión”. Como se mencionó líneas arriba, quien tiene participación mayoritaria en la empresa es la misma compañía con sede offshore, con el 96,67% de participación en la mina de cobre.

A través de su oficina de relaciones públicas, Southern Perú explicó que acceden “al mercado bursátil más grande del mundo a través de Delaware”, pero asegura que sus operaciones son transparentes porque están fiscalizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en Perú y por la Security Exchange Commission de Nueva York (SEC), pues cotiza en las bolsas de ambos países.

EN 2020 SOUTHERN DISTRIBUYÓ UTILIDADES POR US$ 760,9 MILLONES. EL MONTO SE ENVIÓ A SU MATRIZ Y ACCIONISTA EN DELAWARE.

No solo la principal accionista de Southern Perú está constituida en Delaware, también la empresa matriz de ésta, Americas Mining Corporation, que es el vínculo directo con la dueña del conglomerado, el Grupo México. “Permítanos una precisión, Delaware no es un paraíso fiscal, no existen paraísos fiscales en los Estados Unidos”, añade la empresa en su respuesta. Sin embargo, el país norteamericano ocupa el segundo lugar del Índice de secreto financiero, el reconocido ranking de paraísos fiscales que elabora el TJN.

Es más, en 2019 el senador estadounidense, Lindsey Graham, reconoció esta posición en una audiencia titulada “Combatir la cleptocracia: beneficiario final, lavado de dinero y otras reformas”. “(..) estamos en segundo lugar detrás de Suiza en términos de refugios para el lavado de dinero (…) Vamos a encontrar la manera de no ser segundos. Vamos a encontrar una manera de hacer más difícil que el dinero robado se quede en Estados Unidos”.

La minera agregó que cumplen con sus obligaciones tributarias. “Los impuestos pagados en el Perú son considerados un crédito cuando se pagan impuestos en los EE.UU, es decir, primero se pagan en Perú y este pago es mucho mayor al que se realiza en los EE.UU. La Sucursal [Southern Perú] cumple con el pago de todos los tributos que le corresponden en el territorio nacional”, sostiene.

 

El abogado tributarista Miguel Carrillo explica que este argumento hace referencia a la normativa del Impuesto a la Renta para evitar la doble imposición, el cual indica que los contribuyentes deducirán los impuestos abonados en el exterior. Además, la norma obliga a retener el 5% de los dividendos que se reparten a beneficiarios domiciliados en el exterior.

“Las empresas vinculadas a compañías radicadas en territorios de baja o nula imposición están obligadas a contar con estudios técnicos de precios de transferencia, a fin de asegurar que las operaciones que se realicen desde o hacía dicha sede se realicen al valor del mercado. Si bien no es ilegal hacer operaciones en sociedades offshore, esto forma parte de un planeamiento tributario que usan los holdings porque les resulta más ventajoso cerrar algunos tratos comerciales desde allí”, sostiene Carrillo.

Pese a las restricciones derivadas por la pandemia, los dividendos reportados por Southern Perú en 2020 fueron 59% mayores a los del 2019, en que alcanzó US$ 447,9 millones, una cifra equivalente a poco más de la mitad de los dividendos que enviaron a su matriz y a sus accionistas.

SOUTHERN LE DEBE SUS INGRESOS AL COBRE. EL 86% DE SU PRODUCCIÓN PROVIENE DE LAS MINAS DE TACNA Y MOQUEGUA.

Por estas operaciones la empresa pagó el año pasado un total de US$ 440,6 millones en contribuciones directas por Impuesto Especial a la Minería (US$ 49,9 millones), regalías (US$ 60,6 millones) e Impuesto a la Renta (US$ 330 millones), monto que en un 50% se convierte en canon minero y se destina a los presupuestos de los gobiernos regionales y locales de las comunidades donde se extrae el mineral.

Southern Perú le debe estos ingresos al cobre, pues si bien desde hace seis décadas también extrae molibdeno, zinc, plata y oro de sus yacimientos, el mencionado mineral representa el 86% de su producción en los distritos de Ilabaya (mina Toquepala), en Tacna; y Torata (mina Cuajone), en Moquegua. Ambas localidades reportan una pobreza monetaria menor al 11% en su población, sin embargo, el promedio de educación que cursan sus habitantes no supera los diez años según el PNUD. Desde estas ciudades, el metal viaja con destino a Singapur, Japón y Suiza, principales clientes de esta empresa.

La situación tributaria de su principal competidora, Sociedad Minera Cerro Verde, es diferente. Esta compañía que opera en la región Arequipa no repartió dividendos por los ingresos (US$2.538 millones) y utilidades netas (US$ 274,5 millones) que facturó en 2020. La Junta Anual de Accionistas acordó que no lo harían debido a “posibles pagos de impuestos y cargas administrativas asociados al procedimiento de arbitraje” y por la incertidumbre provocada por la pandemia.

Sus ingresos anuales fueron un 12% menor a lo registrado en 2019, fecha en la que sí se distribuyeron US$ 150 millones a sus accionistas. La principal beneficiaria de este monto fue la empresa con sede en Delaware, Cyprus Climax Metals Company, pues posee el 53,56% de participación; seguido de SMM Cerro Verde Netherlands B.V (21%), constituido en Países Bajos; y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A (19,58%), de Perú.

 

CERRO VERDE. En Delaware está registrada la sede del socio principal de Minera Cerro Verde, Cyprus Climax Metals Company.

Video: Google Earth.

 

De acuerdo con sus estados financieros de 2020, los excedentes por sus operaciones mineras también le permitieron asignar US$11,5 millones a la matriz (Freeport McMoran) bajo el rubro “otras reservas de capital”. En contraposición a los montos que salen del país, la contribución minera que deja esta empresa por su extracción de cobre se caracteriza por litigios y beneficios tributarios.

Cerro Verde cuenta desde 1998 con un Contrato de Estabilidad suscrito con el Estado peruano y que le permite congelar sus condiciones tributarias y administrativas. Este documento fue renovado con una adenda en diciembre de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente y Gonzalo Tamayo ministro de Energía y Minas. Todo esto como parte de un proceso de expansión que la empresa tramitó un año antes. Con ello, el mencionado beneficio se extendió hasta el 31 de diciembre de 2028.

Si bien estos contratos obligan a las empresas a pagar un Impuesto a la Renta del 32%, desde 2003 Cerro Verde ha cuestionado algunos de los montos exigidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) bajo este concepto. Producto de ello, en sus estados financieros la minera incluye los montos que espera recuperar cada año con los litigios que mantiene en curso.

Por ejemplo, en las notas a sus estados financieros de 2020 la empresa registró un pago de US$ 175,8 millones por Impuesto a la Renta, pero también un posible reembolso de US$13,7 millones por “saldos a favor y/o beneficios relacionados al Impuesto a la Renta, que pueden ser compensados con futuras deudas tributarias o recuperarse a través de solicitud de devolución que podría realizarse ante la autoridad tributaria”.

Cerro Verde tampoco reconoce el cobro por regalías e Impuesto Especial a la Minería que le exige la Sunat desde 2006 a 2013 por la operación de su planta de flotación del proyecto de Sulfuros Primarios, pues alega que esta también está protegida por su Contrato de Estabilidad. Sus reportes financieros evidencian que el importe que se negó a pagar, en pleno auge internacional del precio de los metales, es de S/ 2.217 millones, unos US$ 671 millones, con intereses y penalidades estimadas a la fecha.

COMUNIDADES. El corredor minero del sur del Perú atraviesa comunidades andinas de las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.

Foto: Álvaro Franco

 

Desde 2011, con la  Ley 29788, que reformó los pagos fiscales de este sector económico, Cerro Verde está sujeta al pago Gravamen Especial a la Minería, un aporte no tributario indicado para aquellos que extraen recursos naturales teniendo contratos de estabilidad vigentes. Sin embargo, la empresa no detuvo sus reclamos y llevó el caso hasta el Tribunal Fiscal y Poder Judicial, a través de cuatro procesos administrativos y tres judiciales.

Estos parecían haber llegado a su fin entre 2017 y 2020, cuando la Corte Suprema resolvió la mayoría de los casos a favor de la autoridad tributaria y porque la minera alcanzó a abonar hasta el 52% del monto en controversia bajo la modalidad de “protesto”, una opción que permite hacer un prepago con posibilidad de recuperar el dinero si gana un juicio.

Pero el 28 de febrero de 2020 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) recibió una notificación de la accionista principal de Cerro Verde, la estadounidense Freeport McMoran Inc., que informa el inicio de un arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por supuestos incumplimientos en el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos.

El 13 de mayo de 2020, luego de que el Poder Judicial ratificó su fallo a favor de Sunat, otra accionista de la minera, la holandesa SMM Cerro Verde, presentó una segunda demanda arbitral contra Perú invocando el Tratado Bilateral de Inversiones Países Bajos-Perú. Al igual que en el caso anterior el centro del reclamo es el cobro de regalías. Para impulsar el caso cuentan con los estudios de abogados Debevoise & Plimpton de Nueva York; y Nagashima Ohno & Tsunematsu de Tokio. OjoPúblico hizo un pedido de entrevista a la minera, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.

Durante la reciente campaña presidencial, Roque Benavides, dueño de Minas Buenaventura, tercer accionista mayoritario de Cerro Verde, apareció con frecuencia en los medios de comunicación para cuestionar el plan de gobierno de Pedro Castillo porque plantea elevar la carga tributaria a las mineras y revisar sus contratos de estabilidad. Pero la semana pasada, en Semana Económica, el gerente general de la minera, Leandro García, dijo que están abiertos al diálogo ante una posible renegociación de impuestos y regalías.

 

Islas Caimán: Antamina y Chinalco

Otras dos empresas que lideran el ranking de producción de cobre en Perú son Minera Antamina S.A. y Minera Antapaccay S.A., que tienen en común los capitales suizos del Grupo Glencore. La primera explota un yacimiento de cobre en el distrito de San Marcos, Áncash, que recibe el presupuesto más alto por canon minero en el país, pero en el que, según las cifras del PNUD, solo el 63% de sus habitantes logró terminar la educación secundaria.

Minera Antapaccay S.A. tiene un Contrato de Estabilidad tributaria hasta el 2026 y opera en Espinar, Cusco, una provincia donde la extracción minera lleva más de cuatro décadas. En esta región, los conflictos mineros por acuerdos incumplidos y demandas de mayor inversión se han acentuado en los últimos años, y actualmente un equipo del Ministerio del Ambiente investiga la fuente de exposición a metales tóxicos como cadmio y arsénico en 13 comunidades originarias.

MINERA ANTAPACCAY S.A. DE GLENCORE, TIENE UN CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA CON EL ESTADO PERUANO HASTA EL 2026″.

Ninguna de las dos empresas declara sus actividades en las Bolsas de Valores, pero los reportes de una de las matrices de Antamina que cotiza en el extranjero permiten conocer donde radican los cuatro accionistas de esta última. La primera es Noranda Antamina, con sede actual en Perú, y titular del 33,75% de acciones que dependen de Glencore; la segunda es la canadiense Teck que controla el 22.5% para Teck Base Metals Ltd; y la japonesa Mitsubishi que posee otro 10%.

La cuarta accionista de Antamina es la gigante australiana BHP Billiton, dueña del 33,75% restante a través de RAL Cayman Inc., una sociedad registrada en otro territorio de opacidad fiscal ubicado al borde del mar Caribe: las Islas Caimán. Según el Reporte de contribución económica 2020 que presentó la compañía australiana a sus inversores, el año pasado RAL Cayman Inc recibió ganancias por US$106 millones, en su mayoría provenientes de la sede peruana.

“RAL Cayman Inc. posee la participación de BHP en la mina Antamina y aparte de una cantidad relativamente pequeña de ingresos por intereses, sus ganancias comprenden dividendos recibidos de Antamina. El impuesto sobre la renta se paga sobre los beneficios subyacentes cuando se obtienen por las operaciones en Perú y la retención en origen se activa y paga en el momento de la distribución, con ambos impuestos incluidos como pagos a los gobiernos en este informe”, señala la matriz australiana en dicho documento.

 

ANTAMINA. La empresa minera Antamina explota un yacimiento de cobre en el distrito de San Marcos, Áncash, que recibe el presupuesto más alto por canon minero en el país.

Captura: Google Earth.

 

En el reporte se asegura que no obtienen beneficio fiscal por los dividendos que ingresan a la sede offshore. “La retención fiscal sería la misma si las ganancias subyacentes de las operaciones mineras se pagaran directamente al accionista de RAL Cayman Inc [BHP]”, aseguran. Según el reporte global, la sede peruana alcanzó utilidades netas por US$ 212,3 millones el último año y realizó contribuciones al gobierno por US$ 615 millones.

Durante el primer año de pandemia, Antamina fue la segunda minera con mayor producción de cobre del país. Los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirman que en todo el año extrajeron 396 mil toneladas del mineral, a razón de 45 mil kilos por hora; y en el mismo periodo exportaron mercadería por un valor total de 2.170 millones de dólares en valor FOB.

El equipo de Comunicaciones de Antamina respondió que toda su operación minera, incluyendo el registro de ingresos y de utilidades, se encuentra inscrita en el Perú. “Nuestra empresa cumple con pagar todos los impuestos y contribuciones que le corresponden en el país, al igual que sus utilidades. Somos una empresa constituida y domiciliada en el Perú. Es importante anotar que Antamina no cuenta con subsidiarias, filiales, matrices ni holdings fuera del país”, añadió.

BHP BILLITON POSEE EL 33,75% DE ACCIONES DE ANTAMINA A TRAVÉS DE RAL CAYMAN INC, UBICADA EN LAS ISLAS CAIMÁN”.

OjoPúblico consultó a la empresa puntualmente por el rol que tiene RLA Cayman Inc en la compañía, un vínculo descrito en los documentos de su propia accionista BHP Billiton, sin embargo, no respondieron por este dato en específico. En el escrito que enviaron señalaron que los cuatro accionistas de Antamina tienen diferentes participaciones societarias y actúan como un “joint venture”, es decir una asociación o alianza entre empresas.

“Ninguno de ellos tiene control de la empresa. En este “joint venture” participan BHP Billiton, Glencore, Teck y Mitsubishi Corporation; compañías que gestionan sus inversiones de manera independiente a Antamina”, añadieron.

También en las Islas Caimán encontramos a una compañía vinculada a Minera Chinalco Perú S.A., la cual opera desde 2013 el yacimiento Toromocho, en el distrito de Morococha, Junín, a más de 4.700 metros de altura. Se trata de Chinalco Mining Corporation International, que -al menos hasta los reportes que transparentó hasta 2017- ocupa un apartado en uno de los edificios más conocidos por albergar sociedades offshore: el edificio Ugland House, ubicado en South Church Street 309, George Town.

Este inmueble con balcones rojos y rodeado de palmeras sirve como sede a otros holdings peruanos y es la oficina principal de la firma de abogados Maples Group, experta en asesoría financiera, tributaria y corporativa. En 2020 la Unión Europea retiró a las Islas Caimán de la lista de paraísos fiscales, pero sus características como territorio no cooperante permite que diversas organizaciones civiles y la misma Sunat lo mantengan en esta clasificación, junto a las Islas Vírgenes y otros 42 territorios opacos.

 

ISLAS CAIMÁN. El edificio Ugland House es uno de los más emblemáticos por en esta parte del Caribe por albergar sociedades offshore que no necesitan tener oficinas reales en su jurisdicción.

Captura: GoogleEarth

 

El dueño de su grupo económico es Aluminum Corporation of China, una de las más grandes compañías estatales de la República Popular China con sede en Beijing y presencia en 20 países. En 2016, su sucursal peruana suscribió un Contrato de Estabilidad Tributaria con el Gobierno por la expansión de la operación de Toromocho que vence en 2028.

Chinalco Perú ocupa el quinto lugar como mayor productor de cobre en el país, con poco más de 23 mil kilos extraídos por horas, pero sus reportes de ingresos, dividendos distribuidos y tributos pagados en el país no son públicos. El economista César Flores Unzaga, subdirector de la ONG CooperAcción, considera importante que estas grandes compañías puedan procurar la transparencia y difusión de su manejo financiero en un contexto de crisis en que la atención está puesta en los recursos que pueden proveer.

“No se tiene acceso a los estados financieros de Chinalco, Las Bambas, Antamina y Hudbay. En aras de la transparencia y lucha contra la elusión tributaria, lo mínimo que se le puede pedir a este tipo de empresas es que difundan estos datos en los países donde extraen sus recursos mineros. Aquellas que tienen vínculos con territorios de baja o nula tributación, con mayor razón”, sostiene.

CHINALCO MINING CORPORATION DECLARÓ SU REGISTRO EN EL EDIFICIO DE SOCIEDADES OFFSHORE, UGLAND HOUSE, EN ISLAS CAIMÁN”.

El inicio de las operaciones de Toromocho implicó la destrucción del pueblo original de Morococha y la construcción de una nueva ciudad a 12 kilómetros de distancia, pero hasta hoy unas 40 familias se resisten a ser desplazadas y permanecen en las 34 hectáreas que restan, a la espera de lograr un mejor acuerdo con la minera china.

Para Esteban Valle Riestra, analista de la ONG Propuesta Ciudadana, es evidente que la actividad minera aumentó los gastos de consumo en las regiones, producto de la recepción del canon y regalías, pero un reciente informe de su organización señala que no se ha demostrado que estos recursos hayan servido para promover el crecimiento social, educativo y sanitario a largo plazo.

“El impacto de la minería es mixto en el ámbito social. Se ha detectado un incremento de la desigualdad en la distribución de la renta minera y una disminución de la producción agrícola cerca a los puntos de explotación; hay más infraestructura para construcciones, algunas de dudosa utilidad, pero también migración de la población rural, conflictos y corrupción”, sostiene.

Islas Vírgenes y Luxemburgo

 

Entre las principales productoras de cobre del país también se encuentra Gold Fields La Cima S.A., que pertenece a la multinacional sudafricana del mismo nombre. Su principal socia es Gold Fields Corona Ltd, dueña del 99,77% de sus acciones y constituida en las Islas Vírgenes Británicas. La mina de oro y cobre que esta empresa explota en el Cerro Corona ha transformado la comunidad de Hualgayoc, en Cajamarca, que en 2018 fue testigo de la filtración de uno de sus relaves, que ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas.

A diferencia de los casos anteriores, Hudbay Perú S.A.C, dueña de la mina Constancia, que explota cobre, oro, plata, molibdeno en Pasco con un acuerdo tributario que rige hasta 2031, no tiene vinculación accionarial con una sede offshore. Sin embargo, su accionista mayoritario Hudbay Perú Inc. (Canadá) controla, a su vez, a Hudbay BVL Inc., sucursal constituida también en las Islas Vírgenes Británicas.

Según los reportes enviados por la matriz canadiense a la Comisión de Bolsa y Valores del Gobierno de Estados Unidos (SEC), la mencionada sede offshore “es parte del acuerdo de flujo de metales preciosos de la mina Constancia y su único propósito es cumplir con las obligaciones derivadas del mismo”. OjoPúblico envió un cuestionario a Hudbay Perú para que detalle la relación que mantiene con esta empresa, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Finalmente está Nexa Resources Perú S.A.A., que produce y comercializa concentrados de zinc, plomo y cobre de sus minas El Porvenir y Atacocha, en Cerro de Pasco; y Cerro Lindo, en Ica. La minera responde a su matriz en Luxemburgo, un Estado ubicado entre Francia, Bélgica y Alemania considerado uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo por albergar sociedades de fachada para políticos, artistas, funcionarios y corporaciones globales como Pepsi, IKEA, FedEx, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el caso LuxLeaks.

Una reciente investigación global liderada por el diario francés Le Monde y una decena de medios periodísticos, como Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), reveló este año datos en el mismo sentido: Luxemburgo sirvió de paraíso fiscal a unas 55.000 sociedades offshore que gestionaron activos por al menos 6 billones de euros.

 

PRODUCCIÓN. Las comunidades aledañas al corredor minero han debido adecuar sus actividades productivas con las de la minería.

Foto: Álvaro Franco

 

A través de un escrito, Nexa Resources Perú S.A.A. confirmó que Nexa Resources S.A. es responsable de las operaciones comerciales y logísticas para Europa y Asia, y está ubicada en Luxemburgo, pero dicha “jurisdicción no es considerada un paraíso fiscal por el Gobierno peruano, prueba de ello es que el país mantiene acuerdos de protección de inversiones extranjeras”.

La empresa hace alusión a que Sunat no incluye a Luxemburgo en la lista de territorios offshore y asegura que cumplen con todas las obligaciones legales y de transparencia porque publican sus reportes financieros. “Finalmente, dejamos constancia que cada pago de dividendos que se hace a nuestra holding en Luxemburgo tiene una retención de impuestos a la renta en Perú, cumpliendo con la legislación vigente”, añadió.

Las otras dos mineras que concentran la producción del mineral en el país no evidencian vínculos directos con sociedades en territorios opacos. Estas son Las Bambas, sucursal de Minerals and Metals Group MMG Limited (MMG), con sede en China y que opera en las provincias Cotabambas y Grau, en Apurímac, con un Contrato de Estabilidad hasta 2026; y Sociedad Minera El Brocal, de Compañía de Minas Buenaventura, socia de Cerro Verde y propiedad de Roque Benavides.

LA MATRIZ FINAL DE NEXA SE UBICA EN LUXEMBURGO. LA COMPAÑÍA INDICA QUE ESTA JURISDICCIÓN NO ES UN PARAÍSO FISCAL”.

Hace unas semanas, la OCDE y la cumbre del G7 acordaron fijar un impuesto mínimo global a las grandes compañías para frenar el auge de dichos paraísos fiscales, lo que significará un duro revés para los regímenes de baja o nula tributación donde las corporaciones mineras registran sus ganancias. La medida se adopta en medio de una gran crisis económica, y busca que los países productores conserven su recaudación fiscal.

En el caso de la minería, los impuestos y contribuciones que hace el sector le deja al Estado un promedio de US$ 2 mil millones, pero por la pandemia este se redujo a US$ 1.648 millones. El Minem y los gremios empresariales han manifestado su confianza en que el alza del precio internacional, promovida por el mayor consumo de China, del cobre ayude a recuperar las cifras de recaudación.

El Minem respondió por escrito que el 68% de los proyectos mineros previstos en el corto plazo son de cobre, y representan una inversión de US$ 38 mil millones. Entre el 2021 y 2024 empezarán a operar Mina Justa (Ica), de Marcobre S.A.C; Ampliación Toromocho (Junín), de Minera Chinalco Perú S.A.; y Quellaveco (Moquegua) de Anglo American S.A. Esta última iniciará con un contrato de estabilidad vigente hasta 2034.

 

 

“Se estima que la producción, inversión, empleo y exportaciones minero-metálicas peruanas tendrán un importante impulso durante los siguientes meses (…) El país está preparado para aprovechar este contexto de precios de cobre al alza, que, entre otros, se ha visto favorecido por el avance de la transición energética hacia las energías renovables”, indicó el Minem.

Al respecto, el economista César Flores explica que los nuevos proyectos mineros no reportan tributos al Estado hasta luego de los cinco o seis primeros años de operación, por lo que en ese tiempo no habrá Impuesto a la Renta y tampoco canon para las regiones. “Las mineras pueden deducir de sus ingresos el valor de las inversiones realizadas durante la etapa previa de exploración. En los primeros años de actividad este monto es mayor que las ventas, por lo que no se alcanza a declarar Impuesto a la Renta ni utilidades. Las Bambas inició operaciones en 2016 y aún no tributa”, agregó.

El ministerio considera que se deben seguir promoviendo las exploraciones de cobre, pero con un mayor acompañamiento de su sector a fin de prevenir conflictos sociales. Además de crear espacios de diálogo, resolver las preocupaciones ambientales de las comunidades y planificar el desarrollo de los territorios mineros, con “dotación de servicios básicos y la construcción de infraestructura productiva”, agregaron.

EL 68% DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL CORTO PLAZO SON DE COBRE, Y REPRESENTAN UNA INVERSIÓN DE US$ 38 MIL MILLONES.

El reporte de mayo de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales, de la Defensoría del Pueblo, señala que de los 124 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 64.5% (80 casos) están relacionados a la actividad minera. Patricia Tipián, jefa del área de Medio Ambiente de dicha entidad, advierte que la Covid-19 añade el reto de hacer eficientes los mecanismos de participación ciudadana en la evaluación de nuevos proyectos.

El Reglamento de Participación Ciudadana en el sector minero data del 2008 y hasta ahora el Minem no lo actualiza ni adecua al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Hemos detectado que erróneamente se considera como labores de participación a la distribución de material informativo sobre un proyecto, visitas guiadas o acceso a un resumen ejecutivo, cuando lo que se busca es un sistema que permita a la población aportar y hacer observaciones”.

Tipián subraya que uno de los avivadores de conflictos sociales es, precisamente, la ausencia de garantías para que los ciudadanos ejerzan su derecho a estar informados y opinar sobre las actividades mineras. “Ahora en la pandemia detectamos iniciativas de participación ciudadana que incluían mecanismos virtuales en comunidades donde no hay acceso a Internet. Si se quiere impulsar la minería, de cobre u otro mineral, este es un aspecto que no se debe obviar”, señaló.

fuente; Ojo Público/Elizabeth Salazar