El próximo 20 de agosto del 2023, los ecuatorianos decidirán en una consulta popular si se continúa o no con la explotación petrolera del Bloque 43 – ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, en Orellana.
La consulta llega 10 años después desde que fue propuesta. En 2013, el colectivo ambientalista Yasunidos planteó la posibilidad de dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní y recibió un fuerte respaldo nacional. Sin embargo, el gobierno del expresidente Rafael Correa bloqueó la consulta popular y dio paso a la intervención en la zona.
En 2016 empezó la explotación petrolera en el ITT y, desde entonces, el Estado ha recibido más de 4 500 millones de dólares en utilidades, según la empresa estatal Petroecuador, que opera en el lugar.
Ahora, la respuesta a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno mantenga el petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?, que se consultará en agosto próximo, divide a la sociedad.
Por un lado, están los defensores del medio ambiente, la biodiversidad y a los pueblos no contactados. Y, por el otro, están quienes piensan en los ingresos que dejará de percibir el Estado por la no explotación del petróleo en la zona; la seguridad jurídica, y el empleo que genera toda la cadena productiva.
El Parque Nacional Yasuní es uno de los lugares más biodiversos del mundo
Uno de los principales del colectivo ambientalista es que la actividad petrolera destruirá el Parque Nacional Yasuní. Esta es una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta.
Se estima que, en una sola hectárea hay tantas especies nativas de árboles y arbustos como las que mantienen juntos Estados Unidos y Canadá. Aquí, además, se han identificado más de 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 593 de aves, 200 de mamíferos, 500 de peces y 4 000 de plantas.
Por su parte, Petroecuador ha reconocido que el Yasuní es una zona megadiversa y por ello, asegura, que se realizan las actividades petroleras con responsabilidad operativa, social y ambiental.
Ramón Correa, gerente de Petroecuador, señaló que la intervención en el Yasuní es mínima. La empresa estatal tiene permiso para trabajar en 300 hectáreas del parque, que tiene un área de más de 1 millón de hectáreas, pero solo se han intervenido 80, en donde están los 250 pozos, carreteras y líneas, dijo. Ese espacio equivale aproximadamente a la superficie del Parque La Carolina de Quito, agregó.
Además, la Petrolera aseguró que se desarrolla una operación responsable con el medio ambiente en el Bloque 43 – ITT. Por ejemplo, ha preservado 232 Áreas Biológicamente Sensibles, lugares donde los animales encuentran refugio, alimento e hidratación.
Asimismo, se han implementado salvaguardas ambientales que preservan el entorno, conservan el hábitat de las especies y minimizan el impacto ambiental. Un ejemplo de ello es la colocación de las bandejas ecológicas durante la fase de perforación. Estas se instalan bajo la mesa del taladro y previenen el derrame de crudo.
Pérdidas si se deja de explotar el Yasuní
Petroecuador afirmó que el gobierno ecuatoriano perderá aproximadamente 1 200 millones de dólares anuales si gana el sí en la consulta popular. Según el colectivo Yasunidos, este valor no es real, ya que los ingresos del Estado por el petróleo en el ITT son solo 275 millones de dólares, menos de la cuarta parte.
“El valor real es menos de 1% del presupuesto del Estado, y puede recuperarse de muchas formas, como turismo y mejor recaudación”, sostiene el colectivo.
Por su parte, la petrolera estatal señaló que, en 2022, este campo generó más de 1 200 millones de dólares netos, los mismos que se dejarán de percibir con el cierre de operaciones en el campo.
Además, Correa, señaló que esto también significa que se dejará de percibir 13 800 millones de dólares en los próximos 20 años, y se perderán 2 000 millones de dólares de inversiones ya realizadas en el lugar. Asimismo, el Estado deberá gastar más de 500 millones de dólares en los trabajos de cierre de actividades anticipadas; y deberá destinar aproximadamente 200 millones de dólares en indemnizaciones a las 50 empresas con las que se tienen contratos firmados. En esa cifra se incluye las pérdidas económicas para el país por el empleo.
Es decir, el Ecuador perderá más de 16 000 millones de dólares con el cierre de operaciones en el Yasuní, según Petroecuador.
Para el colectivo Yasunidos, el cierre de operaciones no traerá ningún perjuicio económico para el Estado. Ya que este costo debe estar contemplado en el presupuesto del plan de explotación de Yasuní.
Está revisto que la campaña para la consulta popular se inicie el 8 de agosto próximo. Aún no sé conoce qué agrupaciones nomás promoverán el sí o no en este plebiscito.
Por el momento, se conoce que el movimiento indígena apoyarán el sí en la consulta y que el Gobierno no participará en la campaña para no politizar el proceso.
Fuente: El Comercio
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