Dos semanas después de que se emitiera la Gaceta Oficial Nº 40.845 queautoriza la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Caminpeg), el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional la firma de acuerdos con empresas mineras para la exploración y certificación de oro, cobre, coltán y otros minerales. Entre medias tintas, acuerdos sin detalles y líneas de acción sin definir entre ministros y militares, se busca poner en marcha el motor minero, ante la baja de los precios del crudo.
Con fecha del 10 de febrero, en el decreto 2.231 se estableció atribuir a los militares la facultad para efectuar “todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna“.
El documento oficial señala que la empresa será un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y que todas las acciones concernientes a la actividad gasífera, petrolera y minera —incluyendo planes de derrame y mantenimiento— corresponderán la compañía militar.
No obstante, a pesar de detallar las tareas referentes a la explotación de los recursos del subsuelo en la gaceta, la forma en la que va a operar Caminpeg y cuáles son las condiciones con las empresas mineras, son dos preguntas que la alocución del pasado miércoles 24 de febrero, dejó al aire.
“Se están mezclando cosas que no deben ser mezcladas. Los militares están para defender”, precisó el economista especializado en materia petrolera, Luis Oliveros, “¿Caminpeg va a sustituir a Pdvsa? Hay muchas dudas y poca transparencia al respecto”.
También para el economista Rafael Quiroz la creación de la compañía y su radio de acción en la explotación de los recursos del subsuelo, resulta llamativo, pues traspasa al Ministerio de Defensa actividades que competen a Pdvsa y al Ministerio de Petróleo y Minería. “Es un sector que no está preparado y no conoce sobre el tema”, señaló. De acuerdo con Quiroz, esta “expropiación” de competencias viola el marco fiscal y legal que rige la materia.
Para la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, la creación de Caminpeg y las facultades que se le atribuyeron a la empresa son un reflejo de que los militares están exigiendo cada vez más espacios. Entre los “terrenos ganados” se cuentan un banco propio, el Banco de la Fuerza Armada Nacional, y una televisora (Tvfanb).
San Miguel expresó que con los ingresos que se perciban de la actividad minera se pretende pagar las deudas que tiene el país y que están próximas a vencer. Sin embargo, la especialista precisó que en la Constitución se establece que las ganancias devenidas de estas actividades deben ser destinadas al sector salud y educativo.
En el artículo 311 de la Constitución se establece que “el ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud“.
La presidenta de control ciudadano también explicó que el traspaso de las competencias a los militares pudiese significar un paso hacia la transición. “Control Ciudadano se pregunta si la creación de Caminpeg y la asignación de la rectoría en la explotación del Arco Minero del Orinoco a la Fanb, violando la Ley, simbolizan la entrega de un anclaje económico a los militares para una eventual transición política en Venezuela“, apuntó la organización en un comunicado emitido este jueves.
La explotación minera también fue tema de debate el pasado miércoles 24 de febrero en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios pidieron que se establezca un marco que defina qué organismo es el que rige la materia “¿Es Caminpeg? ¿Es la Corporación Minera de Venezuela? ¿Es el Banco Central de Venezuela? ¿Son todas juntas?“, se preguntó el diputado por el estado Bolívar, Américo de Grazia. “Estamos pidiendo un informe en donde digan en qué se basan y en qué se sustenta todo esto”, dijo.
El diputado de la bancada opositora agregó que el manejo de las competencias de los entes del Estado sobre la actividad minera fue modificado el pasado 30 de diciembre cuando por vía Habilitante el presidente Nicolás Maduro promulgó un grupo de leyes. Entre ellas, una que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de “minerales estratégicos”. La normativa fue aprobada durante la última semana de funciones de la pasada Asamblea Nacional.
Además de la indefinición de los entes encargados de esta actividad, y con la nueva participación de Caminpeg en el negocio de minería, se agrega un riesgo aún mayor en materia de soberanía. “El riesgo que esto corre es que le regalen el país a empresas trasnacionales para que les den un respiro financiero, como acaban de hacer al entregar casi 50% a la empresa rusa que está administrandoPetromonagas por ridículo precio de 500 millones de dólares“, dijo de Grazia.
Sin embargo, para el parlamentario, la crisis que atraviesa el país representa un buen momento para ordenar todos los ingresos que se perciban por los recursos del subsuelo. “Hasta ahora ha sido una actividad económica marginal porque Venezuela ha vivido más de la renta petrolera. Esas migajas se las dan para que se vayan por otros caminos“, expresó, añadiendo que “nos parece legítimo que explotemos los minerales. Estamos dispuestos a cooperar y ayudar, pero con transparencia“.
“En condiciones normales, podemos decir que es una medida positiva”, aseguró el economista Luis Oliveros. Para el especialista, “privatizar” la explotación del oro permitiría al país recibir ingresos inmediatos, pero es necesario que se establezcan los términos y condiciones con cada una de las empresas con las que se firmaron los acuerdos.
“Más allá de poner en marcha el motor minero, están buscando cómo pagar a la minera Gold Reserve la indemnización de 700 millones de dólares por la revocación de concesiones. ¿Cuáles son esas condiciones que se establecieron? ¿Cuánto le va a quedar al Gobierno?”, dijo Oliveros.
Para Rafael Quiroz, también especialista en el tema petrolero, la medida es positiva porque se necesita invertir en el sector minero. No obstante, las acciones llegaron con al menos 20 años de retraso. “Uno de los problemas nuestros del rentismo petrolero fue que no hicimos las inversiones en el sector. Ahora, damos carrera“, afirmó.
Según el especialista, la direccionalidad de la medida es acertada, pero los resultados no llegarán de la noche a la mañana, sino a mediano y a largo plazo. “Superar o quebrar lo que ha sido la estructura de la economía petrolera, que se comió las estructuras de las demás economías, no demora menos de una década, por decir lo poco“, aseguró.
Más consecuencias que beneficios
A pesar de generar ingresos para el país, para el profesor de la Universidad del Zulia y activista antiminería, José Quintero Weir, la explotación de las minas no traerá nada positivo para el medio ambiente. “Eso ya se veía venir por la crisis económica del país”, dijo refiriéndose a la medid. “El Gobierno está ávido de recursos para pagar la deuda (externa)”.
Para Quintero Weir, la explotación de los recursos del subsuelo traerá consecuencias a corto, mediano y largo plazo que afectarán tanto a las poblaciones como a la naturaleza. “No existe minería sin consecuencias graves. Vamos a pagarlo de inmediato. Estamos en época de sequía y ahora llueve menos porque los bosques no tienen árboles”, señaló.
El especialista apuntó que la extracción de recursos será, probablemente, a cielo abierto, lo que implicaría el uso de dinamita y explosivos para acceder a los minerales por la vía más rápida. En pocas palabras, los ingresos por concepto de explotación minera tardarán mucho más que las consecuencias en la destrucción de nuestros suelos y bosques.
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