Los conflictos sociales que desde hace ya varios años impiden el desarrollo de los proyectos mineros en diversas regiones del país han provocado una merma de más de 15,000 millones de dólares en la economía peruana.

Así lo estimó el economista y exministro de la Producción, Daniel Córdova, quien sostuvo que, si bien Las Bambas es un emprendimiento de suma importancia para el crecimiento del país, otros proyectos como Tía María y Conga también son fundamentales para el impulso económico que requiere el Perú.

En diálogo con EXPRESO, Córdova Cayo, quien también es presidente del instituto Invertir, indicó que los enfrentamientos entre colectivos sociales, muchas veces infiltrados por grupos radicales de izquierda, provocan que alrededor de 15,000 millones de dólares se dejen de invertir en el país.

Similar apreciación se desprende del último reporte del BBVA Research, que da cuenta que los conflictos sociales ponen en jaque la inversión minera de cuatro grandes proyectos, los que actualmente se encuentran postergados, y que en conjunto suman una inversión cercana a los US$ 12,000 millones.

“Hay un segundo grupo de proyectos en cartera que se encuentran postergados por conflictos sociales. Son proyectos que en conjunto implican una inversión cercana US$ 12,000 millones. Entre los más grandes se encuentran Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María”, refirió, semanas atrás, el economista jefe del BBVA Research, Francisco Grippa.

CHANTAJE POLÍTICO

Daniel Córdova criticó al Poder Ejecutivo por no poner mano dura contra las turbas que bloquean carreteras y dañan el patrimonio del país, como ha ocurrido con las comunidades de Fuerabamba (Apurímac), que impiden a la empresa china MMG, propietaria de Las Bambas, que ponga en marcha dicho proyecto.

Durante esa pugna, la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Abancay logró que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores legales de las comunidades y acusados de chantajear a la empresa MMG.

Sin embargo, semanas después fueron liberados por presión de las comunidades, e incluso del congresista Richard Arce (Nuevo Perú), quien presentó un proyecto de ley para que los manifestantes con denuncias o procesos judiciales sean absueltos.

“Esto es una demostración que por presiones o chantajes políticos se puede sacar o meter gente a la cárcel. Sobre dicho proyecto, bueno pues, que también generen una ley para los ladrones de celulares o para los asesinos, así puede terminar el Estado de derecho”, respondió.

Sin embargo, no solo los comuneros de Fuerabamba paralizan la actividad minera. En la provincia cusqueña Paruro, los alcaldes distritales y dirigentes de la zona denunciaron a la empresa MMG, propietaria de la mina Las Bambas, por contaminar su territorio y dañar la estructura de la carretera Cusco-Paruro.

Mientras que en Chumbivilcas (Cusco), piden al Estado y a la empresa MMG modificar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Las Bambas debido a los estragos ambientales y sociales que ocasiona el transporte de mineral por el corredor vial sur, que cruza dicha provincia.

“También solicitan la constitución de un fondo social que atienda las necesidades básicas de la provincia, un shock de inversiones por tres años para proyectos de la Mesa Técnica para el Desarrollo de Chumbivilcas -que tiene un comité de seguimiento desde el 2017-, y el pago a las comunidades campesinas por el corredor vial”, refiere el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

¿DÓNDE ESTÁ EL CANON?

Córdova también dijo que el problema radica en la falta de desarrollo de las comunidades, pues no se invierte en programas sociales, mientras algunas empresas mineras siguen aumentando su producción, lo que deja en el aire la siguiente pregunta: ¿dónde está el canon minero?

“El diálogo no se refleja en programas público-privado, no hay un enlace entre la economía y la política. En Chile, por ejemplo, hay conflictos, pero se solucionan de manera eficiente porque se respetan y aplican las leyes”, explicó.

En ese sentido, recomendó al Ejecutivo que priorice el diálogo y a las empresas, que sus Estudios de Impacto Ambiental estén acompañados de planes estratégicos para el desarrollo de las zonas extractivas, con el objetivo de generar un ambiente positivo en la localidad.

“La responsabilidad de los conflictos sociales es compartida, 50 % del Gobierno, que tiene que dirigir los sistemas de prevención y solución, y la otra mitad de los consorcios, que deben tener un costo de inversión para prevenir riesgos. Las empresas tienen que darle una mayor importancia al manejo de asuntos públicos”, manifestó el exministro de la Producción.

“Eso sí, siempre hay que poner mano dura cuando se tomen carreteras. Entre otras cosas, ayudaría mucho tener una fuerza especial para resolver y contener conflictos. En muchos casos ha ocurrido que la Policía ha improvisado, así como los políticos con el diálogo”, añadió.

Pidió además que los gobernantes dejen a un lado su preocupación por las encuestas porque les jugará en contra, debido a que la población requiere obras más que palabras.

“Los últimos presidentes han buscado ir al efecto y no a la causa. Cuando se va al efecto, solo está buscando ser popular. Sin embargo, cuando uno quiere solucionar el problema, con medidas aparentemente impopulares y lo soluciona, eso genera capital político. Eso es lo que no entendieron [Alejandro] Toledo, ni [Ollanta] Humala, ni [Alan] García en su segundo gobierno, ni [Pedro Pablo] Kuczynski, y ahora menos [Martín] Vizcarra. Hay que profesionalizar el manejo de conflictos sociales”, concluyó.

ABANDONO TOTAL

El economista advirtió que entre los proyectos mineros paralizados está Tía María, que traería una inversión de 1,500 millones de dólares, y Conga, “cuya cifra es inimaginable porque está totalmente abandonada”.

Desde su punto de vista, Tía María se podría solucionar con una plataforma donde la empresa Southern Perú se preocupe por invertir en agricultura y desarrollar el Valle del Tambo.

“Si siguen con vacunas a las vacas y asistencialismos, no van a llegar a ningún lado. Es más, si siguen en un tono confrontacional, será peor. Tía María dejaría una inversión de 1,500 millones de dólares, más o menos, pero va a redituar en exportaciones bastante importantes, dependiendo del precio de los metales”, detalló.

En el caso de Conga, que contemplaba la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, en las provincias de Cajamarca y Celendín, y cuya inversión se estimó en unos US$ 4,800 millones; el panorama es desalentador.

“Está casi abandonada. Ahí habría que hacer una estrategia basada en el desarrollo agropecuario de Cajamarca. Si uno pone el foco en ese tema, con financiamiento de las empresas implicadas, se generará un beneficio mayor”, sostuvo.

GOBIERNO TRABAJA EN “ENFOQUE DE DIÁLOGO”

Para el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, los proyectos que presentan conflictos con las comunidades no están paralizados, sino “demorados”, pero su sector está estableciendo puentes para buscar consensos con los afectados.

Hay proyectos demorados, más que paralizados, como en Cajamarca, Arequipa u otros en el sur. Estamos trabajando en un enfoque de diálogo, priorizando la prevención”, declaró a EXPRESO el ministro Ísmodes.

Al ser consultado sobre el perjuicio económico que traerían estos problemas, dijo que habría que ver el monto de inversión y los puestos de empleo que generarían.

“Los conflictos nacen de necesidades básicas no satisfechas, hay requerimientos de la población con los recursos. Estamos trabajando porque, hacia el año 2021, planeamos dejar encaminados US$ 21,000 millones en inversiones mineras, y en hidrocarburos, alrededor de US$ 7,000 millones”, resaltó.

Con respecto a Tía María, manifestó que “el caso es muy claro”: “está la necesidad de trabajar con el tratamiento del agua en el Valle de Tambo, pero que no se vea perjudicada la agricultura, pues hay que diferenciar un proceso legal de lo que es una necesidad en Arequipa”.

Ya en octubre del año pasado, Ísmodes admitía que hay proyectos en pausa, aunque anunciaba que pronto se pondrían en marcha.

“La vocación de este Gobierno es impulsar las inversiones, sin ninguna duda, y el presidente Martín Vizcarra así lo ha venido sosteniendo al participar en cada uno de los anuncios realizados (…) 15 de proyectos, valorizados en más de US$ 15,000 millones, iniciarían construcción durante los próximos tres años”, estimaba entonces el titular de Energía y Minas.

La situación no ha mejorado mucho desde esos días, y el ruido político que hoy sacude al Perú -con amenaza de disolución del Congreso incluida- amenaza con prolongar la parálisis del sector minero.

ARDE LA REGIÓN ÁNCASH

La mayoría de conflictos sociales tienen su epicentro en Áncash, ya sea por contaminación ambiental, agropecuaria o enfrentamientos con las empresas dueñas de las minas locales.

En el distrito de Quillo (Yungay), desde octubre de 2018, la Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo exige la intervención de la Dirección Regional de Energía y Minas, la Dirección Regional de Salud y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debido a una presunta contaminación por las actividades mineras del Consorcio Peruano de Minas (Copemina), cuyo campamento se encuentra en la parte alta de la cuenca Sechín, cerca de la fuente de agua que abastece al centro poblado.

Desde junio de 2017, en el distrito Cáceres del Perú, provincia del Santa, los ciudadanos del caserío de Huarupampa rechazan la construcción de la carretera local, que viene ejecutando la Empresa Consorcio Minero y Operaciones Conexas S.A.C. en la ribera del río del mismo nombre, pues estarían arrojando desmontes de tierra y piedras al agua, afectando seriamente su aprovechamiento.

De otro lado, desde febrero de 2018, en el sector de Condorhuain (Huaraz), la Comisión de Usuarios de Agua Subsector Hidráulico Urpay-Huamarín conjuntamente con moradores del centro poblado Paccha y del caserío Quenuayoc, se oponen a la ejecución del proyecto minero ‘César Jesús’, a cargo de la Corporación Minera Aurillac S.A.C. porque el proceso de exploración estaría contaminando los ojos de agua del territorio.

Uno de los conflictos con mayor duración está en el caserío de Buenos Aires, distrito de Ticapampa, provincia de Recuay. Desde enero de 2013, los ciudadanos de la zona exigen que la empresa minera Greenex suspenda los trabajos de obras civiles de la Planta Flotadora de Minerales porque podrían contaminar los recursos hídricos de la zona del Parque Nacional Huascarán.

Hay 115 conflictos socioambientales

Los conflictos sociales en el Perú aumentan cada mes, según la Defensoría del Pueblo. Los últimos casos se registraron en Paruro, Chumbivilcas (Cusco), Ticlacayán (Pasco), Zarumilla (Tumbes) y Chimbote (Áncash), donde cuatro de ellos se han originado por problemas por contaminación.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay 183 conflictos sociales, los cuales se dividen en: socioambientales (115), asuntos de gobierno nacional (19), local (17), comunal (11), regional (7), otros asuntos (7), laboral (4), y de demarcación territorial (3).

En el mapa de conflictos está Áncash (25), Puno (17), Cusco (17), Loreto (13), Piura (12), Cajamarca (11), Apurímac (11), Arequipa (7), Junín (7), las incidencias en más de una región (7), Pasco (7), Ayacucho (6), Lima Provincias (6), Moquegua (6), y San Martín (6).

Asimismo, continúa con Lambayeque (5), Amazonas (3), Huánuco (3), La Libertad (3), Lima Metropolitana (3), en el sector nacional (3), Ucayali (2), Madre de Dios (1), Tumbes (1) y Huancavelica (1).

En esa línea, de los 115 conflictos socioambientales activos y latentes registrados en marzo, el 63.5 % (73 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen las colisiones por actividades hidrocarburíferas con 14.8 % (17 casos).

Un enfrentamiento activo es el que está expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales. Mientras los latentes, no son expresados públicamente, permanecen ocultos, silenciosos o inactivos, en el que se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión, pero no se manifiestan.

Producto de estos acontecimientos, la Defensoría del Pueblo interviene para proteger los derechos fundamentales y legitimar los procedimientos democráticos basados en la legalidad y el diálogo, mediante cuatro procesos.

El primero es la supervisión preventiva, donde facilitan el acceso a la información, realizan visitas de inspección, entrevistan a los involucrados, identifican alertas tempranas y garantizan el amicus curiae, que son presentaciones realizadas por terceros ajenos en el litigio.

El segundo es la intermediación, donde sostienen la interposición de buenos oficios, están en las Mesas de Diálogo y en las Comisiones de Alto Nivel. Después llegan las acciones humanitarias, con la atención de los heridos y verificación de los fallecidos, si se llega a esos límites.

Por último, están las acciones de defensa legal, donde se verifica la situación de los detenidos y la supervisión de la función policial, fiscal y judicial; cuando las protestas presentan acciones de fuerza y reacción de la Policía Nacional.

Fuente; Expreso