De acuerdo con el proyecto de ley, pese a que el presidente “considerará” la opinión de las etnias, podrá enviar el proyecto a aprobación del Congreso incluso con “manifestación contraria de las comunidades indígenas afectadas, desde que cuente con motivaciones”.
Los indios brasileños no tendrán poder de veto sobre proyectos de minería o generación hidroeléctrica en sus reservas pero serán indemnizados y tendrán participación en las ganancias, según el proyecto de ley que el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, envió al Congreso.
El líder ultraderechista, que había prometido autorizar las actividades económicas en las reservas indígenas desde que asumió su mandato hace poco más de un año, firmó el polémico proyecto de ley el miércoles y lo envió este jueves a consideración del Congreso.
La iniciativa, considerada una amenaza de genocidio y etnocidio por comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales, tendrá que aprobada por diferentes comisiones y por los plenos tanto del Senado como de la Cámara de Diputados antes de que pueda ser sancionada por el jefe de Estado.
El proyecto también permite que los propios indios exploten económicamente sus tierras mediante actividades como agricultura, pecuaria y turismo, lo que actualmente está vetado en las reservas, que son territorios de propiedad del Estado pero delimitados para el usufructo de los pueblos ancestrales que los ocupaban.
El propio Bolsonaro admitió que el proyecto sufrirá fuerte resistencia en el Parlamento y enfrentará la presión de los ecologistas e indigenistas.
Reglas para autorizar minería en las reservas
De acuerdo con el proyecto de ley, pese a que las comunidades afectadas serán escuchadas durante la elaboración de los estudios previos e informadas sobre los efectos, tan sólo podrán dar un parecer con su opinión y no tendrán poder de veto.
Los responsables por los estudios técnicos «explicarán y divulgarán los objetivos del proyecto» a las comunidades indígenas afectadas como condición previa a su aprobación por parte del Congreso Nacional, afirma el texto.
Cada uno de los proyectos de minería, explotación de petróleo y gas o construcción de hidroeléctricas en las reservas indígenas tendrá que ser aprobado previamente por el Congreso, que podrá rechazar las propuestas del Ejecutivo.
Pero, aunque los indígenas afectados los rechacen, «será competencia del Presidente de la República encaminar al Congreso la solicitud de autorización para la realización de proyectos mineros o eléctricos en las reservas indígenas», dice el texto.
De acuerdo con el proyecto de ley, pese a que el presidente «considerará» la opinión de las etnias, podrá enviar el proyecto a aprobación del Congreso incluso con «manifestación contraria de las comunidades indígenas afectadas, desde que cuente con motivaciones».
Los indios que cuentan con el usufructo de la reserva, en cambio, sí podrán vetar la autorización para el «garimpo» (minería artesanal) en sus tierras a personas que no pertenezcan a su etnia.
Según la propuesta, el Gobierno será el responsable por tomar la iniciativa sobre los diferentes proyectos y tendrá que realizar los estudios técnicos previos sobre la viabilidad económica y los impactos ambientales de las actividades mineras o eléctricas.
En caso de que el Congreso apruebe el proyecto con base en los estudios que reciba del Gobierno, la Agencia Nacional de Minería (regulador) abrirá una licitación para ofrecer los derechos de explotación minera o hidroeléctrica a las empresas interesadas.
Además de una indemnización por las restricciones al usufructo de sus tierras, el proyecto establece que las comunidades afectadas tendrán participación en las ganancias de los diferentes proyectos.
En caso de hidroeléctricas, las comunidades recibirán el 0.7% del valor de la energía producida y en caso de explotación de petróleo y gas la participación será de entre el 0.5% y el 1%. Esa participación podrá llegar al 50% de los resultados para otros minerales.
Política indigenista de Bolsonaro
El presidente admitió el miércoles, cuando firmó el respectivo contrato, que la explotación económica de las reservas indígenas es un viejo sueño suyo y también de algunas comunidades que quieren promover su desarrollo y tener las condiciones de vida de los demás brasileños.
Desde que asumió la Presidencia el 1 de enero del 2019, Bolsonaro se ha mostrado partidario de la explotación económica de la Amazonía y ha afirmado que no pretende crear nuevas reservas indígenas, pues considera una «exageración» que los pueblos originarios ya ocupen cerca del 14% de todo el territorio brasileño.
Esa política lo ha convertido en blanco de permanentes críticas de los indios. En enero pasado, líderes de 45 etnias de Brasil firmaron una carta en la que denunciaron que su Gobierno puso en marcha un “proyecto político” de “genocidio, etnocidio y ecocidio”.
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