Los impuestos a la minería en México son relativamente altos, pero el país no quiere competir con precio, con costo, sino producir con valor y que los inversionistas vengan por otros factores, reconoció Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía.
“La carga fiscal es un factor negativo desde el punto de vista de las inversiones, porque es relativamente alta, pero el gobierno está satisfecho con ella y que los inversionistas vengan a México sabiendo que pagarán más impuestos, pero con todas las ventajas que tiene por otros factores de competitividad”, destacó Francisco Quiroga,
A través de un comunicado de prensa, expuso que el país está rankeado competitivamente en el entorno que ofrece a la atracción a la inversión.
Destacó que las concesiones mineras activas representan sólo cuatro millones de hectáreas, o sea, poco más de dos por ciento del territorio nacional y después de realizar una revisión, las concesiones totales disminuyeron de 25 mil a 21 mil, que representaron una reducción de 21 millones a 16 millones de hectáreas.
Indicó que el sector privado tiene que hacer una minería ambientalmente sostenible y socialmente incluyente, de cero accidentes fatales, sin desastres ambientales ni generar conflictos sociales.
“Las concesiones activas representan cuatro millones de hectáreas, aquellas que tienen algún tipo de operación minera, eso es un poco más de 2 por ciento del territorio nacional y las obras dentro de las concesiones representan un poco más de 200 mil hectáreas, es decir 0.1 por ciento del territorio nacional”, precisó.
Enfatizó que la industria minera está altamente regulada, por más de 500 leyes, normas y permisos de los tres órdenes de gobierno, que se traducen en mil 77 trámites que deben cumplirse para que las empresas puedan operar.
Dio a conocer que las autoridades trabajan en la seguridad y salud laboral, para evitar fatalidades y cada vez que se produce un accidente el sector minero e investigan las causas raíz para evitar ocurran más fatalidades
Planteó que las autoridades federales dan seguimiento a la conciliación de conflictos entre concesionarios, sindicatos, ejidos y otros actores, para que se llegue a acuerdos dentro de la ley.
Fuente; El Heraldo
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