Este pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos iba a ser un ejemplo de cómo las empresas pueden ayudar a comunidades que tuvieron que dejar sus hogares por la minería.
Llamado Nueva Fuerabamba, fue construido para albergar a unas 1.600 personas que abandonaron su aldea y tierras de cultivo a fin de allanar el camino para una enorme mina de cobre a cielo abierto. El nuevo pueblo cuenta con calles pavimentadas y casas con electricidad y agua potable, alguna vez lujos para los indígenas quechuas que ahora viven allí.
El operador de la mina, MMG Ltd, unidad con sede en Melbourne de la estatal China Minmetals Corp, ofreció a la comunidad empleos y compensaciones suficientes como para que algunos ya no trabajen.
Pero el acuerdo no trajo la armonía que buscaban los aldeanos y MMG, un ejemplo de lo difícil que es evitar disputas mineras en esta nación rica en minerales.
Las batallas por el control de los recursos son normales en América Latina, pero las tensiones son particularmente altas en Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Muchos campesinos se han rebelado contra una industria que creen amenaza su forma de vida y les niega una parte justa de la riqueza.
Perú sufre 167 conflictos sociales, la mayoría relacionados con la minería, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cuya misión incluye desactivar este tipo de hostilidades.
Nueva Fuerabamba fue la pieza central de uno de los asentamientos mineros más costosos jamás negociado en Perú. Pero tres años después de mudarse, muchos de los pobladores aún luchan por adaptarse al entorno suburbano, mostraron dos docenas en entrevistas de Reuters con residentes.
Muchos extrañan la vida de cultivar papas y criar ganado. Muchos han malgastado lo que cobraron. Y la ociosidad y el aislamiento han embotado los espíritus de una comunidad cuyos antepasados eran temidos abigeos.
“Estamos acá como encerrados en una cárcel, o en una jaula como esos animalitos que se crían,” dijo Cipriano Lima, un exagricultor de 43 años.
Mientras tanto, la mina conocida como Las Bambas, ha sido un imán para el descontento en una de las provincias más pobres de Perú. Enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en 2015 y 2016 dejaron cuatro hombres de la zona muertos.
Bloqueando las rutas para transportar cobre, los residentes de Nueva Fuerabamba han reclamado más ayuda financiera de MMG, y aldeas aledañas que no recibieron beneficios directos de la mina han exigido proyectos de infraestructura y compensación por el uso de carreteras locales.
La compañía reconoció que la reubicación ha sido difícil para algunos pobladores, pero dijo que la mayoría se ha beneficiado con mejores viviendas, servicios de salud y de educación.
“Nueva Fuerabamba ha experimentado un cambio positivo significativo”, dijo Troy Hey, gerente general ejecutivo de relaciones con las partes interesadas de MMG, en un correo electrónico a Reuters. MMG dijo que gastó “cientos de millones” en los esfuerzos de reubicación.
La minería es el motor de la economía peruana, que ha promediado un crecimiento anual del 5,5% en la última década. Aún así, los conflictos por minería han descarrilado miles de millones de dólares en inversiones en los últimos años, incluidos los proyectos de Newmont Mining Corp y Southern Copper Corp. Para calmar a la oposición, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha prometido mejorar los servicios sociales en las zonas rurales de la sierra de Perú, donde casi la mitad de los residentes viven en la pobreza. Pero pasar del conflicto a la cooperación no es fácil después de siglos de desconfianza.
Las reubicaciones son particularmente complicadas, según Camilo León, especialista en reasentamientos mineros de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para los agricultores de subsistencia suele ser muy difícil abandonar sus tradiciones y acostumbrarse al entorno “muy urbano, muy organizado” de las ciudades planificadas, dijo León. “Es un shock para las comunidades rurales”. Al menos seis proyectos mineros han requerido reubicaciones en Perú, dijo León. Este mes, Perú licitará un proyecto cuprífero de 2.000 millones de dólares, Michiquillay, que también implicaría reubicar a otra comunidad.
“Todo es dinero”. MMG heredó el proyecto Nueva Fuerabamba cuando compró Las Bambas de la suiza Glencore Plc en 2014 por US$7.000 millones. Bajo los términos de un acuerdo en 2009 y revisado por Reuters, los pobladores votaron a favor de intercambiar sus casas y tierras de cultivo por nuevas casas en un pueblo con servicios públicos modernos.
A los jefes de cada hogar, les prometieron trabajos en la mina. Se otorgarían becas universitarias a sus hijos, se les entregaría nuevas tierras para la agricultura y el pastoreo, aunque a cuatro horas en auto por la falta de tierra disponible cerca de Nueva Fuerabamba.
El efectivo fue un endulzante adicional. Los aldeanos dicen que cada hogar recibió 400.000 soles (US$120.000), lo que equivale a las ganancias de una vida para un trabajador de sueldo mínimo en Perú. MMG se negó a confirmar los pagos, argumentando que sus acuerdos con las comunidades son confidenciales.
La empresa dijo que Nueva Fuerabamba, construido en una ladera a unos 25 kilómetros de la mina, fue producto de una larga consulta con pobladores sobre como querían vivir. Las comodidades incluyen una clínica, campos de fútbol y una plaza de toros de cemento para festivales. Pero algunos pobladores dicen que el acuerdo no ha sido el dinero caído del cielo que esperaban. Sus nuevas casas de dos y tres pisos de paneles de yeso les parecen débiles y frías en comparación con sus antiguas chozas de adobe con techo de paja que se calentaban con estufas de leña.
Muchos han dejado de sembrar cultivos y cuidar ganado porque el terreno de reemplazo está en otra región, muy lejos para visitar regularmente. La mayoría de los empleos proporcionados por MMG son para mantenimiento del pueblo porque muchos carecen de las habilidades para trabajar en una mina moderna. Algunos gastaron los pagos recibidos de forma imprudente, dijo el presidente de la comunidad, Alfonso Vargas. “Algunos han invertido en negocios pero otras gentes no, han ido a tomar,” dijo Vargas.Ahora tienen que pagar por necesidades básicas como el agua, la comida y el combustible que antes sacaban de la tierra.
“Todo es dinero”, dijo Margot Portilla, una madre de 20 años, mientras cocinaba arroz en una cocina a gas en la casa amarilla de su cuñada. “Antes con bosta hacíamos fuego y nos cocinábamos todo. Ahora tenemos que comprar gas”.
Pueblo fantasma. Sin embargo, algunos residentes reconocieron los beneficios de la mudanza.
El pueblo nuevo es más limpio que la vieja aldea, dijo Betsabé Mendoza, de 25 años, que invirtió lo que le pagó la mina en un taller metalúrgico en otro pueblo cercano y más grande.
Portilla, la joven madre, dice que sus hermanas menores están recibiendo una mejor educación que la que ella tuvo.
Aún así, las calles de Nueva Fuerabamba estaban prácticamente desiertas en un día de semana. Vargas, el líder de la comunidad, dijo que muchos residentes volvieron al campo o buscaron trabajo en otro lugar.
El alcoholismo va en aumento por el ocio y el dinero del acuerdo, agregó. Durante los 12 meses hasta julio, cuatro residentes se suicidaron tomando productos químicos agrícolas, según la fiscalía provincial, que no pudo proporcionar datos comparativos de suicidios en Fuerabamba antes de la reubicación.
MMG, citando un estudio “independiente” antes de la reubicación, dijo que la antigua aldea de Fuerabamba sufría de altas tasas de violencia doméstica, alcoholismo, analfabetismo, pobreza y falta de acceso a servicios públicos básicos.
Si bien la compañía considera al nuevo pueblo como un éxito, reconoció que la transición no ha sido fácil para todos.
“La conexión a la tierra, la restauración de los medios de subsistencia y la simple adaptación a las nuevas condiciones de vida siguen siendo un desafío”, dijo MMG.
Los residentes de Nueva Fuerabamba continúan presionando a la compañía para obtener asistencia adicional. Las demandas incluyen más trabajos y títulos de propiedad de sus casas, que aún no se han entregado debido a demoras burocráticas, dijo Godofredo Huamani, el abogado de la comunidad.
MMG dijo que sigue al ritmo de las necesidades de la comunidad a través de asambleas y representantes de la empresa a la mano en Nueva Fuerabamba para atender las quejas.
Mientras se preocupan por el futuro, muchos aldeanos se aferran al pasado. Flora Huamaní, de 39 años, madre de cuatro niñas, recordó cómo las mujeres solían juntarse para tejer la lana de sus ovejas para los vestidos negros tradicionales que usan.
“Eso era nuestra costumbre,” dijo Huamaní desde un banco en su patio delantero amurallado. “Ahora nuestro costumbre es tener asamblea tras asamblea tras asamblea” para discutir los problemas de la comunidad.
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