Enfrentamientos de mineros con áreas de interés debilitan estabilidad

La instalación de una mesa técnica y de diálogo permanente convocada por el gobernador de Loja es el saldo aparente de una agitada jornada que se inició la noche del miércoles 22 de febrero cuando trabajadores de la empresa Guayacán Gold, apoyados por efectivos policiales y de las fuerzas armadas, trataron de ingresar a una comunidad que no quiere que se realicen actividades mineras en su territorio.

“… En un intento por retomar las actividades en territorio, el día de ayer jueves 23 de febrero, se contaba con el resguardo de seguridad privada y Policía Nacional para velar por la integridad de las personas y las actividades a desarrollarse, sin embargo, este fue bloqueado nuevamente de forma agresiva”, relató la empresa.

En efecto, sus trabajadores se encontraron con la férrea resistencia de los pobladores de Gualel y de otras comunidades que acudieron al lugar como muestra de la solidaridad que se practica en territorios indígenas.

Llegaron en vehículos que fueron parqueados en el ingreso al pueblito, sin imaginar que mientras ellos apoyaban la manifestación en contra de la empresa minera, otras personas aprovechaban su descuido para acercarse a las camionetas y prender fuego hasta destruir dos de ellas.

No es la primera vez que la minera trata de que sus trabajadores accedan a la concesión denominada Santiago e instalen un campamento. Según información de la empresa, la idea de reiniciar actividades ocurre en el marco de un programa de trabajo en el que se contempla la perforación de tres mil metros para saber si hay o no oro en cantidades comerciales.

Pero los metales preciosos no son algo que le interese a los comuneros. Desde que tomaron conocimiento de que sus tierras estaban en la mira de las empresas mineras, se han organizado para reclamar que se cumpla lo que dispone la ley cuando la extracción de recursos va a ocurrir en territorios poblados por comunidades ancestrales.

Se mueven por todas partes. Hace unos meses la empresa trató de ingresar por el sector conocido como Loma de Oro pero los campesinos bloquearon la vía con troncos y ramas, además de apostarse ellos mismos para impedir el paso de extraños a pie o en vehículos motorizados.

Las mujeres juegan un rol destacadísimo en los dispositivos de vigilancia que arman las comunidades. En muchos casos, son casi ancianas las que están al frente de hombres mucho más jóvenes pero menos sabios que ellas cuando se trata de mantener el control de una zona.

Algo de eso pasó el 23 de febrero, ya que mineros, policías y militares tuvieron que retirarse del lugar al no poder vencer la resistencia de los pueblos de Fierro Urco, Gualel, Saraguro y otros que están convencidos de que si se hace minería en sus territorios, el agua de sus ríos y lagunas será contaminada y no podrán sembrar los alimentos que les dan la vida.

Ciertamente no estuvieron solos porque el viernes 24, casi ni bien se instalaba el consejo ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Leonidas Iza convocó a una rueda de prensa de emergencia para dar a conocer lo que estaba pasando en Gualel.

Iza reclamó la unidad del pueblo indígena y advirtió al gobierno que serían radicalmente solidarios hasta lograr que las comunidades estén libres de actividades extractivas.

Dijo también que su organización, con el respaldo de los tres brazos que reúnen a los nativos de la Costa, Sierra y selva; así como con el apoyo de la Fenocín y de los indígenas católicos, no participarían más de las mesas de diálogo instaladas después de su última movilización nacional.

Casi al mismo tiempo, el gobernador de Loja, Freddy Bravo, convocó a una reunión para averiguar qué es lo que había pasado y plantear la instalación de una mesa de diálogo permanente.

En la rueda de prensa que hubo a continuación el jefe de la policía aclaró que su función había sido mantener el orden interno mientras los mineros trataban de instalar su campamento y no la de dar seguridad a la empresa.

También se dijo que la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía iban a investigar quiénes fueron los autores del incendio de las dos camionetas de los comuneros.

Después de la intervención de Iza la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado aseverando que el diálogo con los actores políticos continúa abierto.

Dejó en claro que el gobierno rechaza el pronunciamiento de dirigentes que se retiran de las mesas de seguimiento a los acuerdos.

“El Gobierno del Ecuador es sensible a los intereses de cada uno de ustedes, ecuatorianos. Por ello no rompemos diálogo alguno. Ni con las organizaciones sociales e indígenas del país, ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos”, señala el comunicado.

Para el Ejecutivo lo que dice Iza representa sólo a “ciertos dirigentes” que “en lugar de propender a un debate de ideas, como es un diálogo deliberativo, propio de la democracia, han optado por, abruptamente, retirarse de las mesas de diálogo”.

Más allá de esas valoraciones, lo real es que no existe un mecanismo que permita una reunión en la que se intercambien ideas de manera alturada y en busca del consenso que requiere la estabilidad de un país. Una comunidad que no quiere actividades en su cercanía reclama el derecho a ser respetada.

Las opiniones están divididas. Ese día, por ejemplo, la presidenta de la comunidad de Ilincho Ayllullakta, Nayra Chalán, estuvo junto a un buen número de pobladores de Saraguro y declaró su disposición a mantenerse en vigilia para evitar el paso de los mineros.

En los medios también estuvo Johana Mejicano, secretaria del Comité Pro-desarrollo de la parroquia, quien dijo que ellos quieren que la empresa Guayacán Gold regrese a Gualel, pero con total seguridad, por lo que coordinaron la presencia de la Fuerza Pública.

“Sin embargo, un grupo de opositores que se oponen al desarrollo de la parroquia impidieron la subida del personal de la empresa y no conformes agredieron física y verbalmente a ciudadanos, luego de una convocatoria con personas de Saraguro (Tenta)”.

Rodrigo Jamil Tene Angamarca, de la parroquia Gualel, en un pronunciamiento de la Conaie que se transmitió en horas de la noche, dijo que en la mañana se dieron enfrentamientos en los cuales la Policía agredió a moradores de la parroquia.

“En horas de la tarde fueron incinerados dos vehículos de nuestros compañeros líderes del vecino cantón de Saraguro”, manifestó, agregando que esto es una muestra de lo que las empresas mineras, con apoyo de la fuerza pública, pueden hacer para llegar hasta los páramos de Fierro Urco. Manifestó que en Gualel continuarán en resistencia.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responsabilizó al Gobierno “de los actos violentos” ocurridos en Loja.

El Frente Nacional Antiminero reportó que la mañana del viernes 24 de febrero, la presencia de policías y militares se mantiene en la parroquia Gualel.

El colectivo Fierro Urco no se Toca sostiene que la empresa Guayacan Gold no tiene la licencia social para realizar actividades mineras en la concesión Santiago.

“Las mineras deben saber que los territorios indígenas no estamos dispuestos a sostener ni un milímetro más de lo que han venido a agredir. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional haya sacado una promocional diciendo que Ecuador es un próximo destino minero, que apenas está explorado el 8%. ¿Esperan vender todo el territorio nacional?”, cuestionó Iza.

El presidente estuvo acompañado de varios de sus ministros y otros altos funcionarios. Iván Correa, en ese momento secretario de la Administración Pública, Francisco Jiménez, también ex ministro de Gobierno; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad y los titulares de Ambiente, Energía y Minas y Producción, Gustavo Manrique, Fernando Santos y Julio José Prado, respectivamente; los dos primeros asistidos por sus viceministros José Antonio Dávalos y Álvaro Ordóñez, escucharon las propuestas de los mineros. En esta ocasión no estuvo el secretario técnico de asociaciones público privadas, Roberto Salas, quien sí había estado presente en una reunión anterior con el Ejecutivo.Minutos antes, el jefe de Estado reiteró lo que había declarado hace unos días en el Foro de Davos: que su Gobierno impulsará la inversión minera sustentable que trabaje de manera coordinada con las comunidades. Y que lo hará con empresas de prestigio que respeten los derechos laborales.

Quedó en claro también que para estos fines, el interlocutor reconocido es la Cámara de Minería del Ecuador.

Yendo al grano de la reunión, se recordó la decisión de considerar a la minería ilegal como una amenaza para el Estado y se informó que para garantizar la continuidad de las operaciones, se había designado al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, como punto focal para las coordinaciones.

Los asistentes comentaron algunas acciones que se han estado llevando a cabo en las últimas semanas. El ofrecimiento de dictar un decreto ejecutivo definiendo estrategias contundentes quedó en pie y junto con los asuntos reglamentarios y ambientales será uno de los temas a tratarse en sendas mesas de trabajo que se coordinarán con la Cámara de Minería.

Dado que el siete de febrero aún no se conocían en detalle los resultados del referéndum, lo relacionado con la incorporación de las áreas de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas quedó en el plano técnico y considerando que se quiere enfocar el asunto con criterios profesionales, se entiende que la Cámara de Minería deberá conformar un equipo que se dedique a estudiar a fondo esta problemática.

Como no podía ser de otro modo, los representantes del sector minero insistieron en la necesidad de tener abierto el catastro minero. Una vez más, las autoridades respondieron que “pronto será reabierto” y, probablemente, por etapas.

El tema de las consultas, es decir, la ambiental, la prelegislativa y la consulta previa, libre e informada, remitió a los asistentes a lo sentenciado por la Corte Constitucional y la necesidad de tomar en cuenta sus recomendaciones. Una de ellas, precisamente, indica que una norma transitoria podría ser una de las salidas hasta que se promulgue la ley orgánica. Otra propuesta del Ejecutivo fue la de tener en los próximos 60 días el proceso prelegislativo que viabilice la consulta ambiental.

Aunque es difícil calificar de acuerdos a las coincidencias manifestadas en la reunión, se quedó en que además de las mesas de trabajo que conformarán la Secretaría de Administración de la Presidencia y la Cámara de Minería de Ecuador, se instalarán mesas en territorio con el fin de acopiar información de lo que sucede en esos lugares.

Reuniones intragubernamentales en las que se unifiquen los criterios de las diversas instancias y niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como de las provincias mineras, serán posibles en el futuro después de lo conversado en este encuentro que dejó muy claro el interés del presidente Guillermo Lasso en el desarrollo y avance del sector minero.