“El Perú sale muy bien en potencial geológico, ubicándonos entre los 10 primeros lugares [del ránking Fraser], pero tenemos mucho por hacer en políticas públicas”, dijo el socio de Miranda & Amado.
El título de este artículo era el lema que se leía como telón de fondo durante la inauguración del “Peru Day” hace dos semanas en el PDAC de Toronto, la convención minera más importante del mundo. Un eslogan vendedor, que tiene mucho de cierto.
En lo que a geología se refiere, el Perú ha sido bendecido: segundos en producción de cobre, plata y zinc a nivel mundial, cuartos en plomo y molibdeno, quintos en estaño y sextos en oro, una combinación impresionante. Qué duda cabe, nuestro país ha sido y continúa siendo un destino muy atractivo para la inversión minera. Según S&P Global Markets, el 2018 fuimos el principal destino para los capitales de exploración en Latinoamérica y el cuarto lugar a nivel global.
Durante su intervención ese día, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, expuso el plan estratégico de su cartera al 2030 y lanzó un reto: que el Perú se ubique en el 2021 entre los diez países más atractivos para la inversión en el ránking del Instituto Fraser de Canadá.
¿Y cómo nos va en ese ránking? Pues si se compara este año con el anterior, hemos avanzado del puesto 19 al 14. Nada mal, parecería que escalar esas cuatro posiciones sería una meta alcanzable.
Pero, ¿cómo es que siendo “el país más rico” no estamos mucho más arriba? Sucede que dicho ránking, que en su última edición considera 83 jurisdicciones y en el que los resultados provienen de encuestas a altos funcionarios de empresas mineras globales, usa básicamente dos índices: la percepción de las políticas públicas y el potencial minero o geológico.
El Perú sale muy bien en potencial geológico, ubicándonos entre los diez primeros lugares, pero tenemos mucho por hacer en lo que corresponde a políticas públicas, evaluación en la que aparecemos en el puesto 37. El propio Fraser Institute llama a esto su “libreta de notas” para las políticas mineras de los gobiernos.
Volvamos al reto del ministro. Su exposición sobre la estrategia al 2030 giró en torno a la institucionalidad y la competitividad: establecer mesas ejecutivas de desarrollo; simplificar trámites (ventanilla única); elaborar un mapa de inversión pública; mejorar las normas de cierre de minas y pasivos; luchar frontalmente contra la minería ilegal; profundizar la política de adelanto social; así como una serie de iniciativas hacia la sostenibilidad ambiental y social, que merecen énfasis.
¿Depende solo del Ministerio de Energía y Minas llegar a la meta? Creemos que no. Colocarnos entre las diez jurisdicciones más atractivas para la inversión minera requiere de un esfuerzo coordinado del Gobierno. No se le puede pedir al violinista que toque solo la sinfonía. Es necesario erradicar la informalidad, así como recuperar la confianza y el imperio de la ley; en suma, fortalecer la seguridad jurídica. Esperamos que tanto el director como el resto de la orquesta, lo acompañen en el reto planteado en el último PDAC.
Fuente; El Comercio
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