Testimonios de comunidades de América Latina afectadas por las multinacionales mineras…

La celebración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, rindiendo homenaje a Monseñor Óscar Romero, asesinado en 1980. Su vocación, en favor de las personas más vulnerables de El Salvador, lleva a «Enlázate por la Justicia» a comparar la degradación que provoca la minería en América Latina con este tipo de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen los derechos ambientales y que socavan la dignidad de las víctimas.

La visita a Europa de un grupo de responsables de las comunidades y de la Iglesia católica de Brasil, Colombia, Ecuador y Honduras, acompañado por el obispo Mons. Ferreira, propicia el encuentro con la red Enlázate por la Justicia, formada por Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes.

El grupo visitante representa a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), a través de la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería (CEEM), y a las comunidades de la Red Iglesias y Minería, a través de la Campaña de Desinversión en Minería. La difusión de esta Campaña, además de la solicitud de un marco legislativo de debida diligencia que garantice el respeto a los derechos humanos y el medioambiente, es uno de los objetivos de la visita y constituye una herramienta concreta para corresponsabilizar a los bancos y grupos inversores a la hora de cambiar el modelo económico extractivista, que genera devastación de la Tierra y las personas.

EL VALOR DE LA VIDA EN TIEMPOS EXTRACTIVISTAS

La ruptura de la presa de Brumadinho, en enero de 2019, un dique minero con aguas residuales de la mina Córrego de Feijão, derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. El desastre ambiental enterró a 272 personas y parte del río Paraopeba. Unido a este grave accidente, la mina sigue cobrándose vidas y la culpable de todo esto es la compañía minera Vale.

“Imagina, por un momento, que alrededor de tu casa hay cinco empresas de fundición de minerales que se ponen a trabajar con sus hornos de altísima temperatura y arrojan gases tóxicos, humos y cenizas. Tu casa se llena de polvo, el aire se vuelve irrespirable, las aguas se contaminan, tus plantas mueren, tus mascotas languidecen, tu familia enferma…”. Esta es la realidad que la comunidad de Piquiá de Baixo, en el estado de Marnahao de Brasil, lleva viviendo desde hace más de 30 años.

Los pueblos del suroeste antioqueño de Colombia no se entienden separados de la naturaleza. La evidencia del territorio de las zonas mineras en este país habla de generación de economías ilegales e informales y de grupos armados, que ponen en riesgo la calidad de vida comunitaria. Prefieren un desarrollo regenerativo, en armonía con la vida, y valoran la riqueza de la biodiversidad, también amenazada en el departamento de Putumayo donde hay concesiones mineras para la extracción de cobre, oro, molibdeno y otros minerales.

El 9 de enero de este año fue asesinado Pablo Isabel Hernández, reconocido líder comunitario y comunicador social lenca, por defender los derechos de su pueblo hondureño y de la madre naturaleza, constituyendo un ataque contra la democracia y los derechos de las comunidades.

UN IMPULSO A LOS PROCESOS LEGISLATIVOS DE DILIGENCIA DEBIDA EN DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS

Los testimonios del grupo de América Latina encarnan la necesidad de elaborar leyes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y el planeta. Es necesaria una mayor implicación de los tres agentes que garantizan la reparación de los impactos producidos en este ámbito: empresas, que trabajen para minimizar sus riesgos; Estados que exijan la protección y reparación de los derechos vulnerados, y una sociedad civil, que haga un seguimiento de las situaciones y se comprometa a través de un consumo responsable y una inversión transparente.

Actualmente existen procesos legislativos abiertos en varios ámbitos geográficos. La UE ha lanzado una propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos –trabajo infantil, explotación laboral, conflictos, violencia– y en el medioambiente. España está preparando su propia ley, recogiendo los avances, de otros Estados que ya cuentan con una, y las propuestas del Tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Impulsar estas legislaciones es un objetivo común del encuentro entre «Enlázate por la Justicia» e «Iglesias y Minería», que «Enlázate por la Justicia» realiza desde la Plataforma por Empresas Responsables.

Fuente; Cáritas

Leave a Reply

Your email address will not be published.