Por: Tatiana Pardo Ibarra
Preocupación entre ambientalistas por el futuro del recurso hídrico ante proyecto minero Soto Norte.
El pasado 29 de agosto, la Sociedad Minera de Santander (Minesa), propiedad del grupo árabe Mubadala, radicó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el estudio de impacto ambiental que tendría el proyecto de explotación de oro Soto Norte, el cual pretende trabajar durante los próximos 25 años en los municipios de California y Suratá, en Santander, muy cerca del páramo de Santurbán.
Los documentos que adjuntó la empresa –un paquete de más de 5.000 páginas con información sobre el proyecto, la caracterización del área de influencia, la zonificación de manejo ambiental, la demanda de recursos naturales de Minesa, el plan de manejo ambiental, el plan de compensación por pérdida de biodiversidad, entre muchos otros– serán evaluados durante los próximos 90 días por la Anla.
El área de influencia biótica del proyecto se encuentra en la Provincia Biogeográfica Norandina, en el distrito Biogeográfico Páramo de Santander-cordillera Oriental, que cuenta con 29 ecosistemas de origen natural. Allí se encontraron 7 especies de anfibios, 9 de reptiles, 126 de aves y 40 de mamíferos, según uno de los estudios.
El meollo detrás de este proyecto pasa por diferentes aspectos. Durante varios años los páramos se han convertido en el epicentro de la discordia cuando de conservación de la naturaleza y desarrollo económico se habla. A los ambientalistas y a algunos líderes políticos no les termina de calar la idea de que el país le apueste a un modelo económico que podría poner en riesgo la salud de estos ecosistemas estratégicos, que abastecen de agua al 70 por ciento de la población de Colombia.
“Todo proyecto megaminero afecta de manera drástica los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos. El bioma comprende el páramo de Santurbán así ellos desarrollen su proyecto bajo la línea que se trazó para delimitarlo. El bosque alto andino es un ecosistema que no entiende de fronteras”, asegura Orlando Beltrán, ingeniero especialista en derecho del medioambiente y miembro del Comité para la Defensa del Agua.
Solo el documento de Evaluación de Impacto Ambiental, con 513 páginas de datos, advierte que el proyecto “alterará los ecosistemas, cambiará la cobertura boscosa y por ende se alterará el funcionamiento y dinamismo de las poblaciones de fauna silvestre, algunas comunidades y ciertas especies con alto grado de conservación”.
“Igualmente, el tráfico de la maquinaria requerida para la construcción de la mina puede generar aumentos en la escorrentía de aceites y combustibles a los cuerpos de agua; las excavaciones subterráneas y voladuras generan vibraciones que se transmiten fácilmente por el medio acuático generando cambios en el comportamiento de peces e invertebrados; el establecimiento de nuevos campamentos implica un aumento en la demanda del recurso hídrico, además de generar vertimientos de tipo doméstico (aguas negras y grises), y la construcción de obras civiles genera escorrentía de desechos de construcción como cemento, arena y polvillo que afectan la transparencia de algunos cuerpos de agua”, continúa más adelante el informe.
Las quebradas Caneyes, La Loma, San Francisco, Páez, Angosturas, La Baja, Bochalema, San Juan, Barrientos, El Curo, Padilla, Agua Limpia y Zeppelín –de los ríos Vetas y Suratá– se verán alteradas de alguna manera. En eso es claro el documento.
“Aunque Soto Norte no se encuentra dentro del área delimitada de Santurbán, el debate se centrará en el impacto que puede tener una mina subterránea debajo de esa línea, pues de alguna manera, ese ecosistema no es una superficie sino un sistema, lo que significa que incluye el subsuelo. La pregunta que deberá resolver la Anla es si la propuesta de Minesa tendrá efectos inaceptables en la hidrogeología del páramo, vital para que ese entorno natural siga cumpliendo con su función como fábrica de agua de Santander”, escribió en una columna el abogado y ambientalista Carlos Lozano.
El Tiempo.
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