Para EPM, por ahora la prioridad son las familias afectadas en la zona de influencia del proyecto. Después se evaluará el futuro de la obra.

La obra que -según entendidos del sector- debía ser el orgullo de una nación comienza a hacer agua. Una aparente falla geológica tiene en alerta a más de 130.000 personas y al mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia, que prevé cubrir casi una quinta parte de la demanda energética del país.

Tras las emergencias que se han presentado por las fallas en la obra, han surgido varias preguntas de expertos, autoridades y de la comunidad sobre qué pasará con Hidroituango y si hay reservas de energías suficientes. 

Para Empresas Públicas de Medellín (EPM), una de las principales compañías accionistas y encargada de las obras de Hidroituango, aún es pronto para sacar conclusiones.

Pero expertos no descartan que errores de ingeniería y planeación e incluso una política de menores costos en el diseño tengan en vilo una obra iniciada en 2010 con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares y que involucra 12 municipios del Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

Según EPM, evaluar el futuro de las obras del proyecto Hidroituango por ahora es apresurado, toda vez que la máxima prioridad es terminar de alzar siete metros la presa, para evitar una catástrofe en los municipios ubicados aguas abajo: Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí y Caucasia y el corregimiento de Puerto Valdivia.

El gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, aseguró que en este momento el proyecto está atravesando el peor de los escenarios y hay que preparar a toda la población e instituciones para atender ese escenario altamente complejo.

Fallas, emergencias y evacuaciones

La emergencia se desató hace dos semanas cuando un derrumbe bloqueó el túnel de desviación del río Cauca, el segundo del país y que alimenta a la hidroeléctrica Hidroituango, lo que provocó que el embalse se empezara a llenar sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debe seguir el cauce.

Empresas Públicas de Medellín aceleró las labores para que la estructura llegara al nivel del vertedero y habilitó el cuarto de máquinas como conducto de desagüe.

Pero antes de lograr este objetivo, el sábado la fuerza del agua destapó el túnel de desviación, lo que provocó una violenta creciente del afluente.

Hasta este jueves unas 5.000 personas habían sido evacuadas de localidades como Puerto Valdivia (Antioquia) y a 40 kilómetros de la presa.

El fin de semana se desprendieron 200.000 metros cúbicos de tierra sobre el destapado túnel de desviación, dijo Jorge Londoño, gerente de EPM.

El cuarto de máquinas volvió a quedar como la única salida del agua y el miércoles, al parecer por un derrumbe interno, tuvo un taponamiento temporal y explosiones esporádicas de agua.

“De llegar a colapsar (el cuarto de máquinas), amenazaría seriamente con generar un aumento significativo e incontrolado del cauce del río Cauca”, sostuvieron el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, ambos mandatarios le pidieron ayuda ante una situación que calificaron de “crítica” y que pone en “riesgo” especialmente a los municipios de Puerto Valdivia, Tarazá, Nechí, Cáceres, Caucasia y la región de La Mojana, que suman unos 130.000 pobladores.

“Peor escenario”

Expertos coinciden en que si el agua sobrepasa la presa, de 220 metros de altura, esta se puede erosionar y venir abajo arrastrando el río y cientos de toneladas de material.

“Estamos en máxima alerta”, aseguró Londoño, y deslizó “el peor de los escenarios”: el derrumbamiento de la obra, que podría afectar a cuatro departamentos.

Los esfuerzos de EPM apuntan a subir la altura de la represa para desviar el agua por el vertedero, agregó el gerente. Las lluvias en la zona complican todavía más los trabajos.

El experto en geología e ingeniería José Hilario López escribió en el periódico El Mundo de Medellín que “muy probablemente” la causa de este “accidente” sea por asignar menores costos en los diseños y ejecución de la obra.

Sin embargo, la EPM asegura que la emergencia es el resultado de una “condición geológica imprevisible”.

El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino Durán, le dijo a RCN Radio que está seguro que allá (en Hidroituango) todos los esfuerzos están centrados en realzar (subir la altura) rápidamente la presa y poner a funcionar vertedero.

“Si eso pasa, uno diría que la presa va a quedar en una condición segura y no va a haber el riesgo de que se pueda romper (…) Con eso ya tendríamos mucha tranquilidad: cerrar las compuertas de casa de máquinas para poder entrar a valorar qué daño sufrió la caverna y ya mirar la viabilidad de sacar adelante el proyecto”, explicó.

Sin embargo, coincidió en el “mayor riesgo” o “el peor escenario” que se podría dar en caso de no poder subir la altura de la presa y no poner a funcionar el vertedero.

“En ese sentido se pueda romper la presa (…) ahí sí vendría una descarga total del embalse hacia aguas abajo en un caudal; el del sábado no es nada comparado con el que se produciría en caso de que se rompa la presa”, dijo.

Críticas e investigación de la Fiscalía

EPM ha defendido la planeación y ejecución del proyecto, que según expertos inició en 2015 una “etapa de aceleración” para cumplir con la fecha de entrega del llenado del embalse, en junio, dos meses antes de que Santos deje el poder que asumió en 2010.

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, que integra la firma brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Al grupo se le adjudicó en una licitación internacional en 2012 la construcción de la presa, el vertedero, los túneles de conducción, las estructuras de captación, los túneles de descarga y la casa de máquinas.

Camargo Correa está implicada en la operación anticorrupción “Lava Jato” que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal de Brasil y con ramificaciones en decenas de países.

De hecho, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló este jueves que el organismo judicial avanza en una investigación por posibles hechos de corrupción y pago de sobornos en la contratación relacionada con las obras de la represa de Hidroituango. 

“Les puedo decir que la investigación va muy adelantada, va muy bien y hay indicios que dan cuenta por las evidencias que han sido recaudadas de que habría habido pagos en el proceso de contratación de esta represa”, indicó el fiscal general.

Según Martínez, las investigaciones que se siguen en este caso tienen en la lupa a la firma brasileña Camargo Correa, que ganó en su momento la adjudicación del millonario contrato  de construcción de la represa de Hidroituango. 

El fiscal general dejó en claro que esta investigación penal se soporta en toda una serie de pruebas que ha venido recolectando los investigadores, entre ellas las declaraciones rendidas por varios testigos que confirman los supuestos pagos de coimas a servidores públicos.

“Lo he dicho con claridad: que tenemos testigos que están colaborando (…) dicen que en el proceso preparatorio de contratación hubo pagos, evidentemente, a servidores públicos”, dijo el fiscal Martínez.

Entretanto Genaro Graciano, del movimiento Ríos Vivos Antioquia (contrario a la hidroeléctrica), indicó que “aquí ignoraron lo que decían los campesinos y la gente del campo, que son los que conocemos el territorio (…) Por el afán por generar energía rápidamente, mire lo que pasó”.

Esta organización social y ambiental ha denunciado el asesinato de cuatro ambientalistas opuestos a Hidroituango desde el inicio de los trabajos.

Además del rechazo de pobladores, un grupo de 25 eurodiputados pidió recientemente frenar la construcción de la central hidroeléctrica para recuperar cuerpos de víctimas del conflicto armado antes del llenado del embalse.

El gerente de EPM aseguró que todos los casos de cuerpos fueron resueltos. Londoño también indicó que la compañía realiza un censo de damnificados. Además, garantizó subsidios y viviendas para los afectados.

La posición de los gremios

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) informó, a través de un comunicado, que la decisión tomada por parte de EPM en días atrás de inundar el cuarto de máquinas para evitar el desbordamiento del río Cauca y prevenir una eventual tragedia que podría afectar a las comunidades y los ecosistemas de la región, “es una muestra de la responsabilidad con la cual opera esta compañía”.

Los estudios realizados por el gremio del sector eléctrico muestran que los excedentes de energía conforman el siguiente panorama: hasta diciembre de este año, la energía sobrante, después de atender la demanda país, es de 7.656 gigavatios h/d, para un año después el excedente supera los 5.387 GWh-año.

Para 2020, las necesidades del país dejarían un sobrante de electricidad de 3.065 gigavatios h/d y para 2021 de 882 gigavatios h/d.

Este escenario fue hecho durante el tiempo en que debe entrar en operación Hidroituango.

Por su lado, el Comité Intergremial de Antioquia respaldó a EPM dada la contingencia en Hidroituango. 

“Como sociedad es nuestro deber acompañar una empresa que se ha caracterizado por un manejo serio y responsable de sus proyectos, los cuales no sólo han traído beneficios económicos y sociales al departamento sino al país, siendo líder y ejemplo en Latinoamérica”, señaló.

El gremio confió en que “Hidroituango volverá a tomar su curso normal de construcción y operación, convirtiéndose en nuestra obra emblemática, motivo de orgullo nacional”.

Fuente;RCN Radio, con información de la agencia AFP

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