El pueblo awajún ha decidido ponerle freno a la minería ilegal que se ha instalado en los ríos del distritos El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la Amazonía peruana. Cansados de la presencia de los ilegales en su territorio, el domingo 9 de junio decidieron bloquear el paso en el río Comaina, a la altura de la comunidad Canga, para así evitar el tránsito de los  mineros ilegales y de los insumos utilizados para esta actividad ilícita.

La medida adoptada por el pueblo indígena se levantó días después, sin embargo, en un comunicado publicado  el 13 de junio por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) se informó que “hay alrededor de cien dragas instaladas a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago, además de organizaciones criminales peruano ecuatorianas operando socavones en el alto Cenepa para extraer oro. Estos grupos criminales financian el sostenimiento de las dragas instaladas en los ríos”.

En el documento también se hizo un llamado de emergencia para que los Ministerios del Interior, Cultura, Salud, Ambiente, y Energía y Minas atiendan la grave situación por la que está pasando El Cenepa (Amazonas) frente a las actividades ilícitas, la destrucción del ecosistema y la descomposición social que provoca la minería ilegal en las comunidades awajún.

Los comuneros awajún detuvieron inicialmente a diez presuntos mineros ilegales, ocho de ellos fueron liberados mientras que otros dos fueron entregados a la Policía y a los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua.  Una de estas personas era de nacionalidad colombiana.

La minería ilegal en las cuencas de la región Amazonas

“Seguiremos haciendo incidencia con otras estrategias para frenar y erradicar la minería ilegal no solo en las comunidades sino también para que el Estado escuche nuestras necesidades y pueda plantear alternativas”, señala Dante Sejekam, presidente de Odecofroc.

La decisión del último bloqueo del río se tomó unos días antes, durante una asamblea de la organización indígena. No es la primera vez que los pueblos indígenas enfrentan esta actividad ilícita. Sejekam cuenta que desde el 2023, las comunidades indígenas han realizado varios operativos para reducir la presencia de la minería ilegal en la cuenca del Cenepa. Sin embargo, la falta de embarcaciones y de recursos para realizar los patrullajes y las intervenciones ha ocasionado que los mineros ilegales regresen a las zonas de donde fueron expulsados.

“Los mineros están amenazando a los apus (jefes de las comunidades) y los están tratando de corromper con pagos exuberantes. También amenazan a los motoristas que nos apoyan con quemar o hundir sus embarcaciones, incluso los amenazan de muerte”, cuenta el presidente de Odecofroc sobre los riesgos que padecen quienes se enfrentan a la minería ilegal.

La situación es complicada —señala Sejekam— porque no tenemos fondos y cuando logramos hacer operativos buscan a los transportistas y a los apus que rechazan la minería, incluso amenazan a sus familias. “¿Cómo luchamos contra un minero que tiene motores potentes, si nosotros tenemos embarcaciones que prácticamente son canoas? Es imposible. Pero coordinando con los transportistas lo hemos hecho posible”.

Sejekam agrega que en la asamblea en la que tomaron la decisión de cerrar el río, los jefes de las comunidades manifestaron su rechazo a la minería ilegal, pero también conversaron sobre las consecuencias sociales de esta actividad ilegal. Los contagios de VIH, la desnutrición, la deserción escolar, el consumo de drogas por parte de los jóvenes son algunos de los problemas que enfrentan las comunidades. A ello se suman los conflictos en el tránsito por los ríos, la principal vía de transporte de las comunidades indígenas en la Amazonía. “Ya no se puede navegar porque las dragas ocupan demasiado espacio en el río, además, se han formado Islas con pirámides de lodo y piedras, por eso los apus dijeron que no querían minería, que se debía expulsar a los mineros e identificar a las personas que ingresan por el río”.

La minería ilegal también se ha instalado en la cuenca del río Santiago, en la misma región de Amazonas. “Hay gran minería ilegal tanto en el Cenepa como en el Santiago y la gente se está movilizando para la autodefensa”, señala Shapiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís.

Los pueblos wampis y awajún, que habitan en la región Amazonas, enfrentan la presión de la minería ilegal que se ha instalado en los ríos de los distritos Río Santiago y El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.  Noningo reclama por la indiferencia del Estado ante los problemas que viven los pueblos indígenas por la presencia de la ilegalidad. “El apoyo del Estado es muy débil, incluso debemos poner fondos para que puedan movilizarse, de lo contrario no ejecutan las interdicciones”.

Noningo señala que el pueblo wampis se ha organizado en grupos denominados de defensa social y ambiental para hacer monitoreo en los ríos y otras acciones con el fin de frenar la minería ilegal. “No nos queda otra opción más que asumir la autodefensa porque el Estado nunca lo va hacer. Incluso, sabemos de autoridades comprometidas en negocios ilegales”.

El 10 de junio de 2024, personal de la Policía realizó una inspección en la zona del Cenepa mediante un sobrevuelo y un recorrido por el río Comaina. En la diligencia participaron integrantes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la Policía, así como de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua (FEMA) junto con representantes de Odecofroc, según consta en el acta firmada por las la Policía, la Fiscalía y los líderes indígenas.

El llamado a las autoridades

El líder del pueblo wampis señala que recientemente se ha reunido con líderes del pueblo awajún para coordinar acciones de apoyo mutuo. “Estamos en ese proceso de diálogo para establecer juntos una estrategia común porque son territorios colindantes con el mismo problema y el mismo enemigo, por eso, tenemos que apoyarnos solidariamente, organizarnos y hacer fuerza en conjunto”.

Genoveva Gómez, responsable de la Defensoría del Pueblo en la región Amazonas, señala que se requiere una intervención multisectorial del Estado “porque no solo se trata del problema de la minería ilegal, sino también que las actividades ilícitas están relacionadas con otras actividades. No solo es un impacto al medio ambiente, sino también está el riesgo de la trata de personas, entre otras”.

Gómez indica que los líderes indígenas y los defensores de derechos humanos y ambientales son amenazados constantemente por personas que se dedican a estas actividades ilegales. “La Defensoría del Pueblo siempre ha hecho llamados públicos, así como a las instituciones que corresponde para una intervención conjunta, no solo desde un sector, para que se evite la situación que ahora se está viviendo”.

La responsable de la Defensoría del Pueblo señala que la intervención del Estado tiene que ser a nivel local, regional y nacional. Por lo tanto se debe involucrar a las municipalidades tanto distritales como provinciales y al gobierno regional, así como a otros sectores como al Ministerio del Interior para fortalecer a la Policía y al Ministerio de Justicia por las amenazas contra los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.

En octubre de 2023, Mongabay Latam recorrió 38 kilómetros del río Cenepa y logró identificar por lo menos 70 focos de minería ilegal. “La incesante actividad minera ha convertido los territorios awajún en sectores de población amenazada y explotada laboral y sexualmente. Mientras tanto, la destrucción ambiental sigue un curso hasta ahora incontrolable”, se indica en el reportaje.

Carolina Morales, de la organización Cooperacción, señala que Odecofroc ha solicitado a las autoridades que la Policía se pueda establecer de manera permanente en la base militar Chávez Valdivia que se encuentra en la zona de frontera entre Perú y Ecuador.

Morales recuerda una situación similar ocurrida en octubre de 2022, cuando el pueblo awajún también cerró el paso del río. En ese momento los mineros ilegales reaccionaron saqueando la sede de Odecofroc e intentaron quemar la oficina. “La situación actual es parecida, aunque a diferencia de ese momento, los líderes awajún están en constante comunicación con la Policía.

El líder awajún Dante Sejekam menciona que han tenido reuniones en diversos ministerios para exponer sobre los problemas que enfrentan en El Cenepa, pero no obtuvieron respuestas concretas. “Simplemente son políticas que quedan escritas pero no se cumplen, por eso los apus decidieron cerrar el ingreso del río. Desde el Estado debería haber políticas que realmente protejan los derechos de los pueblos indígenas en temas ambientales y de extractivismo”.

Sejekam recuerda el rol histórico de los pueblos awajún y wampis de los distritos El Cenepa y Río Santiago. “En el conflicto de 1995 [Entre Perú y Ecuador] como pueblo indígena, hemos contribuido con nuestra patria, pero después de ello el Estado prácticamente nos ha abandonado. No hubo ningún proyecto importante, ninguna mejora para los héroes del Cenepa de los que tanto hablan. No hay nada”.

Mongabay Latam se comunicó con la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Amazonas para solicitar información sobre las acciones que se realizan en los lugares afectados por la minería ilegal, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no atendieron nuestro pedido de entrevista. También se contactó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua y a la Dirección de la Policía de Medio Ambiente de Amazonas, pero en ambos casos prefirieron no informar sobre el tema.

Fuente : Mongabay Latam