En el año 2006 Álvaro Uribe Vélez logra su reelección presidencial y como muestra de su inmensa “generosidad” y “gratitud” con el pueblo colombiano, estableció el programa “Colombia País Minero 2019, con una serie de concesiones para las multinacionales mineras en su mayoría africanas y canadienses, las cuales adelantan labores de explotación de oro y otros metales, sin las más elementales restricciones que garanticen la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Juan Manuel Santos, lo denomina la “Locomotora Minera”, sin lugar a dudas un nombre muy apropiado, porque avanza aceleradamente arrasando con bosques, fauna, flora y toda la biodiversidad existente en este País. Toda la estrategia mediática y de “socialización” con la comunidad surgió de la Unidad de Planeación Minero Energética del ministerio de Minas y Energía, siendo ministro Hernán Martínez Torres.
Esa sería la ruta a seguir para alcanzar un nivel de desarrollo minero de óptimos resultados, pero realmente de lo que se trataba era de proteger y favorecer a los empresarios mineros cercanos a Uribe Vélez y a Santos Calderón, quienes han demostrado un desprecio absoluto por los recursos naturales y obviamente no les importa el costo ambiental y social que esta clase de proyectos representa. Es de suponer que la “locomotora minera” se articularía en un ambiente participativo y de pluralidad conceptual como lo establece la normativa de la Ley 685 de 2001, con base en tres objetivos o líneas básicas: 1- facilitar la actividad minera de mediana y gran escala. 2- promover el desarrollo sostenible de la minería y 3- fiscalizar el desarrollo minero. Ninguno de estos preceptos se ha cumplido, pues lo observado en estos 12 años es una “locomotora minera desenfrenada”, con el argumento falaz de que la minería es esencial para la solides económica del País y que por eso hay que promoverla a cualquier costo, nos muestra una realidad abrumadora, pues son evidentes los efectos catastróficos ambientales, sociales, culturales y de seguridad en las comunidades que habitan las zonas de explotación minera, en Colombia existen por lo menos siete mil minas consideradas tradicionales, pequeñas y artesanales de las cuales se calcula que más de la mitad son controladas por bandas criminales que anteriormente eran paramilitares o guerrilleros, lo que ha convertido la actividad minera del oro en un enfermo de cáncer en etapa terminal, cuya metástasis de la mano de miles de dragas, retroexcavadoras y cantidades enormes de toneladas de explosivos dejan a su paso desastres ecológicos y sociales que aún no se han cuantificado.
En el Quindío los promotores de consultas populares de rechazo a minería a gran escala y algunos ambientalistas en alianzas politiqueras han ignorado la presencia de minería ilegal, que si bien no es tan fuerte como en otros departamentos, sí existe, y silenciosamente se está entronizando, por lo que sería conveniente que el coronel Ricardo Suárez Laguna, pida apoyo al Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la policía (Sima) que con alta tecnología ubica no solo cultivos ilícitos, sino minería clandestina, para proteger al departamento.
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