La ONU elabora preocupante informe sobre Argentina

El alto índice de abortos clandestinos directamente ligados a la mortalidad materna. Los femicidios. El impacto negativo para la salud y el medio ambiente del glifosato, la minería y, también, del fracking en Vaca Muerta. El recorte en Agricultura Familiar. La no aplicación del cupo trans en la provincia de Buenos Aires. La criminalización a la protesta social. Las restriccionas a las personas migrantes y a la libertad sindical. Estas son algunas de las preocupaciones que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le hizo conocer al Estado argentino en sus observaciones finales. Por qué el país debe cumplirlas. Las recomendaciones de los expertos. Y el informe completo.

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité CESCR, por sus siglas e inglés) publicó las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina con un cúmulo de preocupaciones: fracking, megaminería y glifosato, el elevado número de femicidios y las mujeres muertas por aborto clandestino, las insuficientes partidas presupuestarias en materia de violencia machista, el incremento de la pobreza, el impacto de la devaluación y la criminalización de la protesta social, entre otras. En cada caso, la ONU recomendó políticas concretas para que el Estado cumpla con las obligaciones que suscribió al ratificar el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Argentina es uno de los 169 países que ratificaron el Pacto Internacional, por lo que está sujeto a exámenes periódicos del Comité CESCR, formado por 18 expertas y expertos independientes internacionales, elegidos por la Asamblea General de la ONU por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. “El Pacto tiene jerarquía constitucional (en su artículo 75, inciso 22) y por eso el Estado está obligado a respetar, garantizar y adoptar medidas para desarrollar progresivamente hasta el máximo de sus recursos disponibles los derechos humanos reconocidos en el Pacto”, explica a lavaca Marcos Filardi, abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria.

¿Cómo funciona este tipo de dispositivo? Filardi apunta que el Pacto prevé un mecanismo de supervisión a través de informes periódicos. “El Estado elabora su informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Pacto en el país y lo remite al órgano de aplicación, que es el Comité CESCR”. A su vez, las organizaciones de las sociedad civil presentan los denominados “informes sombra”, elaborados por ellas, que remiten también al Comité. Luego, los expertos convocan a una audiencia a los agentes del Estado y a los representantes de las organizaciones, en Ginebra. Allí sesiona. Finalmente, como conclusión de ese trabajo, los expertos emiten sus Observaciones Finales al Estado parte, que son las recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones que el propio país suscribió al ratificar el Pacto.

Suele plantearse que el país debe “ingresar al mundo”: estas conclusiones son justamente una representación sobre cómo se evalúan los temas locales desde la perspectiva internacional.

En el punto 67 del documento el Comité pide al Estado parte (Argentina) que dé amplia difusión a estas observaciones “en todos los niveles de la sociedad, incluidos los niveles federal, regional y territorial, en particular entre los parlamentarios, los funcionarios públicos y las autoridades judiciales”, idea que no parece haber cuajado excesivamente. Para colaborar con la difusión de estos temas cruciales lavaca hace un repaso de esta agenda y publica el informe completo.

Aborto y violencia machistaEn su punto 55, el Comité manifiesta su preocupación “por los altos números de aborto peligrosos en el Estado parte, directamente ligados a la mortalidad materna, los obstáculos que encuentran para acceder al aborto en las causales previstas legalmente como la falta de medicinas requeridas o el impacto negativo de la objeción de conciencia en médicos”. Lxs expertos de la ONU son tajantes en su diagnóstico: “El Comité lamenta que no se haya aprobado la despenalización del aborto”.

Por eso, propone:

Adoptar medidas efectivas para la implementación en todas las provincias del Fallo FAL de la Corte Suprema que establece los alcances del aborto no punible y recomienda que todas las provincias garanticen y adopten los protocolos.
Garantizar el acceso a los medicamentos.
Establecer marco legal para reducir el número de muertes maternas evitables.
Garantizar la provisión de métodos anticonceptivos.
“Tomar todas las medidas necesarias para liberalizar las condiciones para el aborto legal y en todo caso nunca criminalizar a las mujeres que recurren al aborto”.

Además, el Comité manifestó su preocupación por “la gravedad de la violencia hacia las mujeres y las niñas, con 251 feminicidios en 2017”. Y recomendó:

Adecuar la organización judicial a las necesidades de las víctimas.
Establecer partidas presupuestarias específicas y suficientes para la implementación de servicios de patrocinio gratuito y especializado.
Investigación, sanción y reparación de los hechos de violencia.
“Fortalecer la transferencia de recursos y las presentaciones económicas y sociales para las mujeres víctimas y sus hijos”.

Reconsiderar el frackingEn materia ambiental, el informe apunta:

“El Comité expresa preocupación por los planes de explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales (gas de esquisto y petróleo de esquisto) mediante fracturación hidráulica (“fracking”) en la región de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, considerando que la explotación total, con la fracturación hidráulica, de todas las reservas de gas de esquisto consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”.

En ese punto, el Comité recomienda al Estado “reconsiderar” la explotación mediante el fracking y lo alienta a fomentar energías alternativas y renovables. Aclaración: el informe se expidió el 12 de octubre, seis días antes del derrame de hidrocarburos en Vaca Muerta, un desastre que afectó zonas equivalentes a 10 estadios de fútbol, según Greenpeace. Muchas de las consecuencias las sufren los pueblos indígenas, por eso los expertos destacan su preocupación por la falta de cumplimiento integral con el relevamiento de las comunidades, así como se registraron “casos de amenaza y violencia”.

También puntualizó el “impacto negativo” sobre el agua, la salud y los riesgos de sismos que produce la explotación minera. Y sostiene:

“El Comité encomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio del fracking, que incluya las evaluaciones de su impacto en todas las provincias, precedido de consultas con las comunidades afectadas, y con una documentación apropiada de sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, la luz y el estrés, la actividad sísmica que puede desencadenar, las amenazas a la agricultura y la calidad del suelo, y al sistema climático”.

El glifosato en la miraA su vez, advierte sobre el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, como el glifosato, “a pesar de los graves impactos adversos a la salud y el medio ambiente de mucho de ellos”. Recuerda que el glifosato fue declarado como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Los expertos recomiendan al Estado “que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente”.

Alimentación y tenencia de la tierraEn cuanto Alimentación, los expertos “lamentan la ausencia de un reconocimiento y protección constitucional” referido al tema, cuestiona el recorte de presupuesto y de personal en el sector de Agricultura Familiar (en el exministerio de Agroindustria) y apunta contra el aumento de personas que dependen de los comedores escolares y comunitarios. Por eso, entre otras medidas, recomienda:

Reforzar la seguridad de la tenencia de la tierra de las comunidades campesina y los pueblos indígenas.
Reforzar el acceso y la calidad de los alimentos a los comedores escolares y comunitarios en todo el país.
Tomar medidas efectivas para “disuadir el consumo de alimentos y bebidas dañinas para la salud, incluso por medio del incremento del impuesto sobre las bebidas azucaradas”.

Modelo extractivo y pueblos originariosLos derechos existen, pero no se cumplen. En las últimas décadas esto ocurrió, entre otros, con respecto al derecho de los pueblos indígenas con relación a sus territorios y a actividades que los afecten.

El tema ha sido asumido por la ONU, según se lee en el documento: “El Comité está preocupado por la reiterada vulneración del derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, en particular en las actividades extractivas que tienen lugar en las provincias de Jujuy, Salta, Neuquén y Chubut, así como por la ausencia de información sobre las reparaciones otorgadas a comunidades cuyos derechos han sido vulnerados (art. 1, párrs. 1 y 2)”.

Por otra parte, el Comité “recomienda al Estado parte garantizar que los pueblos indígenas sean sistemáticamente consultados con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado a nivel nacional y provincial para otorgar concesiones a empresas de propiedad estatal o a terceros, para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados por ellos. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que para la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado use los protocolos elaborados y acordados con los pueblos indígenas, que tienen en cuenta las especificidades de cada pueblo y cada caso.

Pobreza, violencia y libertadesEn materia de protesta social, lxs expertos manifestaron su preocupación porque en los últimos años recibieron denuncias de varios casos de amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidad LGTBI, “con una tendencia a confrontación violenta y criminalización a quienes solicitan la restitución de los territorios indígenas”.

Otros planteos del Comité:

El incumplimiento del sector público de la provincia de Buenos Aires de la cuota de empleadxs trans, acorde a la Ley 14.783, aprobada en 2015. Esa ley (conocida como la Ley Sacayán, por la militancia de la activista travesti Diana Sacayán, asesinada ese año). En ese sentido, alienta a destinar recursos económicos y humanos para aplicar plenamente la Ley Nacional de Identidad de Género.
Baja tasa de participación laboral de las mujeres quienes asumen el trabajo no remunerado de cuidado de la familia. También puntualiza sobre la baja representación de mujeres en los altos cargos en sectores como la Justicia y el sector privado.

Sobre las personas migrantes, recomendó eliminar las barreras legales y administrativas que impiden el acceso a políticas sociales y facilitar la regularización.
Alerta sobre el desempleo y el “alarmante incremento” de los índices de desocupación en el primer trimestre del año 2018, afectando “de manera desproporcionada” a jóvenes, mujeres y habitantes de zonas rurales.
Restricciones a la libertad sindical.
Advierte que la pobreza estructural alcanza a un 25 y 30 por ciento de la población, que hay 5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. En ese sentido, subraya el impacto negativo de la devaluación y los aumentos masivos en las tarifas de servicios. Y recomienda que el Estado destine medidas para regular los aumentos de precios de esos servicios básicos.
Manifiesta su preocupación por la existencia de más de 4000 asentamientos informales, donde más del 10 por ciento carece de conexión de agua potable y más del 30 por ciento de servicios de alcantarillado.
En Salud Mental, apunta que el encierro en instituciones psiquiátricas sigue siendo la principal respuesta del Estado.
En Educación, recomienda aumentar el gasto social y fortalecer las medidas para prevenir el abandono escolar.