Apurímac, Arequipa y Cajamarca, que concentran el 58% de las inversiones mineras, irán a segunda vuelta. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía buscará acercarse a nuevas autoridades.

Los resultados de las elecciones 2018 realizadas el domingo pasado en las regiones que acogen proyectos de inversión minera aún son inciertos. Apurímac, Cajamarca y Arequipa –que concentran el 58% de las inversiones– irán a una segunda vuelta el 9 de diciembre para elegir a sus futuros gobernadores. En tanto, el escenario político ya está definido en Moquegua –que alberga el 10% de las inversiones– y en regiones como Junín o Puno. Estas últimas tienen proyectos de menor envergadura, pero sus gobernadores electos han sido críticos de la actividad minera.

La cartera estimada en este rubro para los próximos años –sin contar las minas que ya producen como Las Bambas o Toromocho– tiene 49 proyectos valorizados en US$58.507 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Uno de los desafíos que afrontarán las nuevas autoridades subnacionales será dar viabilidad social a estos proyectos. Doce de estos han tenido o tienen conflictos sociales activos o latentes, de acuerdo con los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo.

—Cajamarca: nuevos liderazgos—
El escenario electoral cajamarquino está marcado por el declive del Movimiento de Afirmación Social (MAS), la agrupación de Gregorio Santos, que tuvo un marcado discurso antiminero. Aunque ganó la presidencia regional en primera vuelta en el 2010 y el 2014, el MAS solo obtuvo el 18,5% de los votos válidos en este sufragio, por debajo de Acción Popular (21,4%) y Alianza para el Progreso (23,4%).

Este revés electoral también se observa en los municipios. El MAS ganó solo en la provincia de San Ignacio y otros 11 distritos de la región. Esta cifra es menor en relación con la lograda en el 2014, cuando obtuvo la victoria en cuatro provincias y 26 distritos.

Aunque una reactivación de la inversión minera podría impulsar la economía de Cajamarca –que tiene un 47% de pobreza–, esta no figura entre las prioridades de los aspirantes a gobernador. El plan de gobierno de Walter Benavides (APP), por ejemplo, aborda la atención de los pasivos ambientales mineros y el combate contra la minería informal, pero no menciona la promoción de algún proyecto específico. Mesías Guevara (Acción Popular) propone una matriz productiva basada en la agricultura, la ganadería y el turismo.

En tanto, todos los distritos donde se ubican los principales proyectos mineros serán administrados por partidos nacionales como APP y Somos Perú [ver gráfico].

—Arequipa: visiones opuestas—
Entre los principales desafíos del próximo gobernador de Arequipa, está la puesta en marcha del proyecto Tía María, actualmente suspendido y que en el 2015 fue objeto de protestas que paralizaron por más de 70 días la provincia de Islay y dejaron tres muertos.

Los candidatos que participarán en la segunda vuelta son Elmer Cáceres Llica, de Arequipa Unidos por el Gran Cambio, y Javier Ísmodes Talavera, de Arequipa Transformación. Ambos tienen visiones opuestas sobre el rol de la minería en la región.

El plan de gobierno de Ísmodes, quien quedó en segundo lugar en las elecciones regionales del 2014, afirma que la minería es el motor de la economía regional y plantea promover el desarrollo de los proyectos Tía María y Pampa de Pongo “siempre y cuando se invierta en un fideicomiso de desarrollo integral de la provincia de Islay”. En contraste, Cáceres –quien fue alcalde provincial de Caylloma entre el 2011 y el 2014– es conocido por su oposición a Tía María. Él ha exigido públicamente a la minera Cerro Verde el pago de una presunta deuda de S/500 millones que tendría por regalías.

—Apurímac: más inversiones—
El funcionamiento de Las Bambas ha convertido a Apurímac en la segunda región productora de cobre del país, con el 18% de la producción nacional, hoy de 2,4 millones de toneladas métricas finas. Sin embargo, la mina aún enfrenta conflictos sociales por el uso del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, conocido también como corredor minero.

La resolución del conflicto y la puesta en marcha de inversiones adicionales en la región por US$10 mil millones –considerada la más importante del país en temas mineros– serán los principales retos que asumirá el nuevo gobernador regional.

La segunda vuelta se disputará entre Baltazar Lantarón Núñez, del Movimiento Regional Llankasun Kuska, y el ex congresista Michael Martínez, del Movimiento Popular Kallpa. Los planes de ambos candidatos proponen la promoción de las inversiones mineras.

—Discursos críticos —
La conducción de Moquegua, Puno y Junín estará a cargo de candidatos que han esgrimido una clara posición contra la minería. Moquegua será conducida por Zenón Cuevas, quien postuló al cargo en el 2010 y el 2014. En junio del 2008 fue uno de los organizadores del ‘moqueguazo’, protesta para reclamar la redistribución del canon minero entre Moquegua y Tacna.

El gobernador electo de Puno, Walter Aduviri, encabezó las protestas del 2011 conocidas como ‘aimarazo’. Tras ello, fue condenado a siete años de prisión, pero el 5 de octubre pasado, dos días antes de las elecciones, la Corte Suprema anuló su sentencia. Un día después de su victoria en los comicios, declaró al portal Ojo Público que “no es un antiminero” y que su administración buscará que los recursos naturales “estén al servicio de todos”. A menos de tres meses de asumir el gobierno, declaró en un mitin que “está en la búsqueda de técnicos” que asuman las gerencias regionales.

El gobernador electo de Junín, Vladimir Cerrón, quien ejerció el mismo cargo entre el 2011 y el 2014, propone un cambio en la Constitución para revertir la fórmula de distribución de los recursos. Su gestión coincidirá con la ampliación de Toromocho, valorizada en US$1.300 millones.

Fuente; El Comercio

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