La presidenta del Ibama, la agencia reguladora medioambiental de Brasil, presentó el lunes su renuncia tras rebatir cuestionamientos del gobierno de Jair Bolsonaro por su gestión al frente de un organismo que estorba a menudo los planes del agronegocio o las empresas mineras.
Suelly Araújo, al frente del Ibama desde junio de 2016, anunció en una carta al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que a partir del martes dejará su cargo.
Salles colgó el fin de semana un tuit en el que llamaba la atención sobre un contrato firmado por el Ibama en julio de 2018 por 28,7 millones de reales (7,8 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para el alquiler de vehículos usados en misiones del organismo.
“Casi 30 millones de reales en alquiler de carros solo para el Ibama”, escribió el flamante ministro.
El propio Bolsonaro, que asumió el cargo el 1 de enero, retuiteó el mensaje, destacando que su gobierno estaba desmontando “rápidamente montañas de irregularidades”, aunque poco después lo suprimió.
En su mensaje en Instagram, Suelly Araújo consideró que se trata de una “acusación infundada, que demuestra un total desconocimiento de la magnitud del Ibama y de sus funciones”.
El contrato, explica, remite a “393 camionetas” adaptadas a “actividades de control, combate a incendios forestales, exámenes técnicos, en los 27 estados brasileños, e incluye combustible, mentenimiento y seguro, con sustitución cada dos años”.
“La presidenta del Ibama refuta con vehemencia cualquier insinuación de irregularidad y “espera que el nuevo gobierno consagre toda la atención necesaria a las importantes tareas del Ibama y no a crear obstáculos a la actuación de esta autoridad”.
En su carta de renuncia, Araújo, una urbanista y abogada, recuerda que el nombre de su sustituto, Eduardo Bim, “ya fue ampliamente divulgado por la prensa (…) antes incluso del inicio del nuevo gobierno”.
Consultada por la AFP, la asesoría de comunicación del Ibama indicó que Araújo no había recibido hasta ahora oficialmente la comunicación de su relevo.
Bolsonaro criticó en varias ocasiones el ritmo de atribución de licencias ambientales, demasiado lento a sus ojos, y la existencia de lo que denominó una “industria de la multa” contra actividades madereras, mineras o agrícolas.
Salles negó en otro tuit que tuviese la intención de cuestionar a Araújo. “No levanté ninguna sospecha sobre el contrato, solo destaqué su costo elevado”, alegó.
El nuevo ministro llega al cargo acusado de improbidad administrativa por presunto favorecimiento de empresas mineras en 2016, cuando era secretario de Medio Ambiente del estado de Sao Paulo.
Leave a Reply