De izquierda a derecha, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, John Pérez Brignani durante la apertura de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Montevideo (Uruguay).

Foto: EFE/Presidencia de Uruguay – Presidencia de Uruguay

La Oroya es una pequeña comunidad en los Andes peruanos, de poco más de 30.000 habitantes, que en el año 2007 fue señalada por el Instituto Blacksmith como uno de los lugares más contaminados del mundo. Ubicada a 175 kilómetros de Lima, la capital de Perú, la comunidad del lugar ha estado expuesta a altos niveles del aire debido a emisiones tóxicas que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

Una empresa minera que opera en el lugar desde 1922 fue señalada como el responsable de dichas emisiones. El complejo metalúrgico empresa Doe Run Perú ha operado en La Oroya durante casi un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención de salud a los pobladores, que decidieron demandar y este miércoles exponen sus casos en Montevideo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH,) que debe determinar la responsabilidad del Estado peruano en el caso.

En su 153 período ordinario de sesiones, que tiene lugar esta semana en Uruguay, los siete jueces de la CorteIDH comenzaron a escuchar a pobladores de La Oroya.

“El Estado fue como un padre que nunca nos dio la cara”, dijo Rosa Amaro, de 74 años, quien residió en la localidad hasta 2017. Durante ese tiempo, atestiguó cómo los cerros quedaron “pelados” porque “no crecían las plantas” y cómo los pobladores sufrían ardor en los ojos y garganta, dolor de cabeza y dificultades para respirar.

Relató que luego de sufrir dos abortos se sometió a un tratamiento de fertilidad para poder ser madre a los 43 años. De sus dos hijos, uno padece sordera.

Entre lágrimas, Amaro, que presidió el Movimiento por la Salud de La Oroya, dijo que tuvo que dejar el pueblo en el que nació por las amenazas de familiares de trabajadores de la mina, quienes consideraban que los pedidos de la organización iban en contra de su fuente de trabajo.

En 2006, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado peruano por violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 estableció la responsabilidad del Estado y remitió el caso a la CorteIDH.

• ¿Qué hace la CorteIDH?
• Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH con sede en Washington investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los Estados.
• Los fallos de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.

Los demandantes argumentan que el Estado peruano no sólo incumplió su obligación de regular y fiscalizar a la empresa, permitiendo que generara altos niveles de contaminación en detrimento de la salud de los pobladores, sino que tampoco garantizó al acceso a la información de los habitantes sobre decisiones que les afectarían, ni investigó las amenazas y hostigamientos en su contra.

“No puedo cerrar bien la mano, tengo movimientos involuntarios en el pie”, dijo Yolanda Zurita, de 63 años, antes de contar que también ha padecido tumores, convulsiones y dolores en el riñón.

“Mi salud ya está destruida. Lo único que busco es que las futuras generaciones gocen de buena salud”, afirmó al ser consultada por sus expectativas sobre el proceso.

Maricruz Aliaga, de 28 años, dijo que todos los integrantes de su familia han tenido impactos en su salud. “Desde niños siempre hemos sufrido distintos malestares, dolores, falta de respiración, parálisis (…) Mi hermana de 32 años no puede tener hijos, tiene dolores articulares”, declaró.

Estudios independientes

Según estudios independientes, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los infantes que tienen de 7 a 12 años, presenta hoy niveles elevados de plomo en la sangre. El porcentaje llega al 100% en La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al complejo. Los efectos de la intoxicación por plomo son irreversibles.

Los niños son los que más han sufrido por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes.

Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorias crónicas, dicen los demandantes.

La defensa del Estado peruano

Si bien el equipo legal del Estado peruano insistió en que los problemas de salud no han podido ser vinculados directamente a la contaminación, la abogada de AIDA Rosa Peña indicó a la AFP que la responsabilidad reside en que expusieron a la población a un riesgo probado.

“Probar el nexo de causalidad entre la contaminación y la enfermedad no es necesario para determinar la responsabilidad del Estado en este caso”, aseguró, alegando que “el Estado, sabiendo que existía ese riesgo, mantuvo a la población en esos niveles de exposición”

Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco y que operaba el complejo metalúrgico en La Oroya desde 1997, se declaró en bancarrota en 2009 y tras un largo proceso fue cedida en julio pasado a sus trabajadores.

Actualmente, el complejo no está operativo, pero los 1.305 mineros acreedores laborales de Doe Run pidieron al gobierno reactivarlo este 2022.

Los demandantes

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representantes de las personas afectadas en el caso, saludaron que la Comisión pusiera fin a varios años de espera y escuchara a la comunidad.

“Es un hito para el Sistema Interamericano porque es el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental, particularmente de contaminación del aire, causada por operaciones empresariales en un contexto urbano”, afirmó el año pasado Liliana Avila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos de AIDA.

Para Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH, “este caso también permitiría a la Corte avanzar el contenido de las obligaciones estatales respecto a la especial protección de poblaciones que puedan estar en particular situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad; y abordar la responsabilidad estatal, las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como derecho autónomo, y su interdependencia con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal, así como derechos de acceso como la información, la asociación y el acceso a la justicia”.

Fuente: EE