El Estado y sus instituciones tienen un rol fundamental en la definición de lo que puede pasar en las regiones mineras, si va a predominar un proceso de desarrollo compartido o de conflictividad social y estancamiento económico.

Centro Wiñaq

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Desde de julio del 2021, la conflictividad minera ha crecido visiblemente. Ese aumento no es algo nuevo. Desde el colapso de Conga hace cerca de 10 años, el polo de la conflictividad minera se ha ido desplazando hacia el sur, especialmente en el llamado corredor minero, pero no hay dudas de que su incremento en los últimos 6 meses es notable.

Para entender las causas del aumento de la conflictividad en los últimos meses es importante conocer el contexto, los actores y las lógicas detrás de los conflictos. Como hemos explicado anteriormente (*), la minería se realiza en Perú en áreas alejadas de Lima y del aparato de Estado, tanto geográfica y social como institucionalmente. La gran minería se ubica en regiones donde el estado de derecho solo se cumple parcialmente, y la población se siente alejada y abandonada por el Estado. Es frecuente que, en esos entornos sociales, la entidad económica más importante no sea el gobierno nacional, regional o local, sino la empresa minera. Dado que las reservas minerales del Perú están, en su gran mayoría, en tierras altas, por encima de 3,000 o 4,000 metros de altitud, esas regiones son, además, de muy baja productividad agropecuaria y la población local es pobre o muy pobre.

En ese contexto se manifiestan cuatro actores: 1. La empresa minera, 2. La sociedad local (comunidades, empresarios, clase media, políticos, etc.), 3. El Estado, aún que muy disminuido en esas zonas, y 4. Los grupos hostiles a la minería.

Este último actor busca pasar desapercibidos a los ojos gran público, y se presenta siempre como el defensor de las comunidades locales, perjudicadas por la minería. En Cajamarca esos grupos gobernaron la región por 12 años y llegaron a ser candidatos a la presidencia de la república. Esos grupos pueden ser de tres tipos: ideológicos) post-extractivistas, (como algunos militantes o exmilitantes del Frente Amplio), los políticos radicales (políticos del MAS u otras organizaciones políticas), y los rentistas como los abogados que asesoran a los grupos conflictivos en torno a Las Bambas.

 

Los post-extractivistas opinan que la gran minería no debería existir, y aspiran a un mundo sin industrias extractivas, como la minería. Ellos tienen una producción intelectual bastante extensa, que sus organizaciones en Perú difunden en forma sistemática hace más de 10 años (**).

El diagrama anexo permite una visión sintética de esos actores y de cómo se relacionan entre sí. Cada actor tiene intereses y expectativas hacia los demás. Para facilitar el entendimiento, se presenta solo los aspectos principales de una relación bastante compleja.

Las sociedades locales esperan que las empresas mineras les traigan progreso y beneficios, mientras las empresas buscan que las sociedades locales les brinden un clima social que viabilice sus operaciones en el largo plazo.

El Estado espera que la minería le brinde muchos impuestos (según el IPE, ha contribuido 20% del impuesto a la renta entre el 2009 y el 2018) (***) para financiar sus actividades y que le permita ganar popularidad. Las empresas mineras, por su lado, esperan que el Estado les garantice la vigencia del Estado de Derecho en las zonas alejadas donde operan y no pongan trabas burocráticas para la obtención de los permisos requeridos.

Las sociedades locales esperan que el Estado proteja sus derechos y les brinde condiciones de progreso económico y social, mientras que los políticos que controlan el Estado buscan obtener popularidad para aumentar su poder político. Como el Estado es visto como corrupto y muy lejano, las sociedades locales depositan sus esperanzas de progreso y obtención de beneficio en las empresas mineras, que están más cerca y son eficientes.

Los grupos hostiles buscan poder político y económico a través del conflicto y que el Estado les brinde impunidad a su accionar violento. También buscan que las instituciones, principalmente extranjeras, financien sus actividades regulares de difusión de ideas y de formación de líderes ideológicamente afines.

Cuando predominan relaciones positivas entre las empresas mineras y las sociedades locales, lo que ocurre son elementos de un desarrollo compartido, como se puede apreciar en Moquegua y Arequipa. Muchas veces, ese desarrollo tan anhelado, no logra darse debido al desperdicio de gran parte del canon minero. Si esos recursos fueran mejor utilizados, las regiones mineras del Perú podrían ser ejemplos muy positivos de desarrollo compartido.

Cuando predominan los conflictos, como en el caso de Cajamarca con Conga, ahora Apurímac y Cusco con Las Bambas y las amenazas a las cuatro minas en Ayacucho, lo que ocurre es el sacrificio de las aspiraciones de progreso de la mayoría de la población en beneficio de un pequeño grupo de líderes conflictivos, produciéndose el estancamiento económico de las regiones.

El Estado y sus instituciones tienen un rol fundamental en la definición de lo que puede pasar en las regiones mineras, si va a predominar un proceso de desarrollo compartido o de conflictividad social y estancamiento económico.

Ahora que los grupos hostiles tienen amplia presencia en el Estado (PCM, MINEM, etc.), los conflictos se han incrementado, poniendo trabas a las posibilidades de progreso de las regiones mineras y del país en su conjunto. En un próximo artículo desarrollaremos más sobre las perspectivas de la minería en ese gobierno, los riesgos que están emergiendo y qué hacer para abrir un camino de desarrollo en ese complejo escenario.

Fuente; RPP

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